Tras las reformas constitucionales aprobadas para la creación de la Guardia Nacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presentó ante autoridades nacionales un documento en materia de uso de la fuerza.

En el texto, que está dirigido principalmente a legisladores, incluye normas y estándares del derecho internacional en cuanto a los derechos humanos. Ello frente al proceso de adopción y aprobación en México de la ley de uso legítimo de la fuerza.

El objetivo de esta organización internacional humanitaria es el de proveer a senadores y diputados de estas buenas prácticas para que puedan identificar las que mejor convengan. También esperamos que la legislación que resulte del proceso contenga los elementos esenciales para garantizar la protección de todas las personas mediante un uso legal, necesario y proporcional de esta facultad, expuso el CICR.

En el documento este organismo internacional expone que, a menudo, el uso ilegal, innecesario o desproporcionado de la fuerza se debe a lagunas normativas; falta de un equipamiento adecuado para el tipo de operación; deficiencias en la capacitación y entrenamiento de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, o a una investigación y sanción débiles, entre otras razones.

Para prevenir las posibles consecuencias, la regulación del uso de la fuerza y de la protección de las personas, conforme a la normativa del derecho internacional de los derechos humanos, así como su integración en la doctrina, la educación, el entrenamiento, el equipamiento y los sistemas de supervisión y control de dichos funcionarios, son de primera importancia, resalta el CICR en el documento.

"Un marco jurídico fuerte, claro, coherente y uniforme apegado al derecho internacional y a los estándares internacionalmente reconocidos en materia de uso de la fuerza dará certeza a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre su actuación", indicó Daniel Cahen, coordinador jurídico del CICR para la delegación regional de México y América Central.

En el continente americano, el CICR ha contribuido con comentarios en los procesos de elaboración de normativas sobre uso de la fuerza en países como Colombia, El Salvador, Honduras, México y Perú.