En un hecho insólito, el ombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert, presentó ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya información acusatoria que “puede constituir delitos de lesa humanidad” contra los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, así como contra el entonces gobernador del estado, Ulises Ruiz, por los abusos y actos de represión cometidos entre 2006 y 2007 en el contexto de las movilizaciones de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

En entrevista telefónica desde La Haya, Holanda, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca detalló que el expediente, de más de mil 600 páginas, señala a los ex funcionarios mexicanos de su presunta responsabilidad en delitos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, tortura y detenciones arbitrarias, que “son delitos de lesa humanidad que recaen bajo la competencia de la CPI”. Esto, debido a que se agotaron las instancias nacionales para acceder a la justicia.

La comunicación presentada por el ombudsman oaxaqueño se basa en tres documentos relevantes: la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde cada instancia documentó la comisión de graves violaciones a las garantías fundamentales durante los acontecimientos en Oaxaca en el contexto de las protestas de la APPO.

El otro elemento considerado son las conclusiones de la Comisión de la Verdad para investigar esos hechos, constituida por el gobierno y el Congreso de Oaxaca, que llegó a la misma conclusión.

Sin embargo, de acuerdo con Peimbert, a pesar de esas resoluciones aún no hay castigo contra los responsables, como lo determinó en una investigación la propia Defensoría a su cargo, la cual también forma parte de la documentación que entregó, acompañado de algunas de las víctimas de aquellos hechos.

Esta es la primera ocasión en la historia del tribunal internacional que una institución pública de derechos humanos perteneciente a un Estado miembro (en este caso México) presenta una comunicación de este tipo. Cabe recordar que organizaciones civiles –nacionales e internacionales– y abogados han presentado al menos seis denuncias ante la CPI por delitos de lesa humanidad cometidos sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón.

El ombudsman hizo un llamado al Estado mexicano, en particular al Ejecutivo federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a pronunciarse y acompañar los señalamientos presentados ante la CPI contra Fox, Calderón y Ulises Ruiz.

El proceso en La Haya es complejo. La comunicación presentada por Peimbert debe ser revisada por la unidad de información y evidencia de la fiscalía de la CPI, proceso que puede prolongarse varios meses y que no siempre trasciende. Esta instancia es la que definirá si procede o no la apertura del proceso contra los ex funcionarios señalados.