San Luis Potosí, SLP. El departamento jurídico del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (Interapas) interpuso ante la Fiscalía General del Estado y la Auditoría Superior de la Federación una denuncia contra más de 60 personas físicas y 16 personas morales por el desvío de 249 millones de pesos de ese organismo.

Los fondos fueron sustraídos durante tres años, que coinciden con la gestión del entonces alcalde perredista Ricardo Gallardo Juárez (2015-2018), por medio de la empresa intermediaria Grupo Axioma Kusuri.

Entre las empresas fantasma detalladas en la denuncia se encuentran algunas que presuntamente vendían licores, cervezas y dulces o arreglaban caminos y hacían otros trabajos de ingeniería civil.

En una reunión con medios de comunicación locales, Gustavo Barrera López, abogado del caso, explicó que de 2015 a 2017 Axioma presentó como propios domicilios de una papelería en la zona universitaria y de clínicas con las cuales la intermediaria no tiene contratos ni relación.

El litigante señaló que la denuncia contiene un capítulo de providencias precautorias para la reparación del daño y consisten en que la situación del organismo vuelva a como estaba antes de que se cometiera el delito y en la restitución de los derechos que resultaron violados.

Barrera López expuso que Grupo Axioma Kusuri se constituyó en diciembre de 2012; luego ofreció a Interapas un contrato de prestación de servicios médicos hospitalarios con un costo de mil 238 pesos mensuales por beneficiario y su familia, que, multiplicados por los 700 empleados del organismo, sumaban un millón de pesos mensuales más impuesto al valor agregado (IVA); cada año el contrato tenía un costo de aproximadamente 15 millones de pesos.

El de 2015, explicó, se firmó por un año y en él Axioma puso al servicio de los empleados de Interapas infraestructura clínica, médica y humana. Aseguró contar con capacidad económica y financiera para cumplir puntualmente con las obligaciones contratadas; asimismo, afirma tener contratos subrogados con la clínica Española, el Hospital de la Salud, el Hospital Lomas y el Centro Médico. Sin embargo, para 2015 ya había vencido el único contrato subrogado que Grupo Axioma Kusuri tenía con el Hospital de la Salud, con sede en esta ciudad.

Para 2016 el organismo operador llevó a cabo el mismo procedimiento, pero el valor de la iguala mensual por beneficiario ya no era de mil 238 pesos, sino de 5 mil 388 más IVA para 712 empleados.

En 2017 se firmaron dos contratos: uno el 2 de enero, en el cual la iguala mensual baja a 4 mil 100 pesos más IVA por titular, pero incorpora servicios dental y de óptica, mientras en el contrato del 29 de diciembre la iguala se eleva a 5 mil 198 pesos más IVA por titular.

Dijo que, según las investigaciones realizadas, Axioma dispersaba ese dinero en 16 personas morales identificadas por sus denominaciones sociales, por lo que Interapas pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la Federación.

Agregó que en la denuncia se especifican los nombres de las personas físicas y de las personas morales denunciadas, y se incluye el análisis de adjudicaciones que se consideran fraudulentas y se revisan los contratos simulados. Estos documentos existen y están firmados, pero sólo fueron un vehículo para apoderarse del dinero. Es un robo maquinado, equiparable con un robo con violencia, por lo que no alcanza fianza, explicó.

Agregó que para realizar esta operación hubo complicidad activa o pasiva de personal del organismo operador, de tal manera que la responsabilidad del delito es también de aquellos que intervinieron por acción u omisión.

Por último, se pidió la intervención de un fiscal especial, ya que la Ley Orgánica de la Fiscalía General permite ese nombramiento, y que una vez integrada la investigación se judicialice el caso.

Jaime Uriel Waldo Luna, regidor que preside Interapas, calificó de cochinero las anomalías detectadas en el proceso de entrega-recepción. Estas prácticas no sólo afectaron al Interapas, sino que tuvieron una repercusión muy negativa en los servicios que se otorgan a la población potosina.