Con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el gobierno federal construirá una propuesta posneoliberal que se convierta en modelo viable de avance económico, ordenamiento político y convivencia, y que permita edificar el país tras la bancarrota neoliberal.

El proyecto del PND del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se turnó a comisiones de la Cámara de Diputados para que sea analizado, con miras a votarse en un periodo extraordinario en junio, plantea que el actual gobierno deberá demostrar que, sin autoritarismo, es posible lograr un nuevo rumbo nacional.

El documento correspondiente al sexenio 2018-2024 tendrá carácter histórico porque marcará el fin de los planes neoliberales y debe distanciarse de éstos de manera clara y tajante, indica.

Como parte del proyecto, que las comisiones de Presupuesto y de Hacienda comenzarán a revisar a partir de hoy, en un encuentro en el Palacio de la Autonomía, se incluyen las principales líneas en materia política, anticorrupción, social y económica, así como los programas prioritarios y de infraestructura que contribuyan a construir un nuevo pacto social, y que asimismo permitan que el Estado recupere su fortaleza como garante de la soberanía, la estabilidad y derecho.

El documento, de 220 páginas, incluye tres grandes ejes: política y gobierno, política social y economía, así como una consideración final, donde se ofrece que para 2024 habrá desaparecido la delincuencia de cuello blanco y que la corrupción política y la impunidad quedarán reducidas a casos excepcionales.

El Presidente plantea a la Cámara de Diputados una nueva política en materia de seguridad y de drogas. Señala que el resultado de las acciones de fuerza militar que se emprendieron entre 2006 y 2018 fue catastrófico y dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos y lesionados; crisis de derechos humanos; descomposición institucional sin precedentes y daño gravísimo al tejido social.

El país, destaca, aún padece las consecuencias de haber empleado a las fuerzas armadas como cuerpos de combate a la delincuencia. Por ello, plantea una estrategia que se base en dejar atrás las medidas de guerra, por una política de paz y seguridad integral, así como una nueva visión respecto de las drogas en México.

En este caso, sostiene que la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la prohibición respecto de las que son ilícitas y reorientar a programas –masivos, pero personalizados– de reinserción y desintoxicación los recursos que se utilizan para combatir su trasiego.

Considera que el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores y reduce sus posibilidades de reinserción social y rehabilitación.

En el proyecto presidencial se aborda también el problema de la migración y anticipa que, a diferencia de los gobiernos anteriores, no insistirá más a Estados Unidos para que modifique sus normas migratorias