El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, lamentó las decisiones gubernamentales que afectaron el programa de estancias infantiles, así como los apoyos para madres trabajadoras y padres solos.

En la sesión de reinstalación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el ombudsman subrayó que cualquier falta o delito en las guarderías tendría que ser investigado y sancionado, pero sin afectar el interés superior de la niñez y las necesidades de la primera infancia, cuyos beneficios sólo pueden obtenerse con atención especializada y no son susceptibles de compensarse o monetizarse mediante la entrega de ministraciones económicas.

Subrayó que el tema no fue tratado en el Sipinna, en el que tiene un asiento la Secretaría de Bienestar, responsable de las estancias.

Además del problema de las estancias, el presidente de la CNDH pidió erradicar en todas sus formas las desapariciones, homicidios y violencia sexual contra los menores y fortalecer las políticas públicas para la primera infancia.

Recordó que el año próximo, el Estado mexicano deberá rendir su sexto informe al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Ojalá que las cuentas que entreguemos pongan en evidencia un mayor y mejor compromiso con nuestra niñez y la adolescencia.

Derecho, no caridad

La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, aseguró sobre el apoyo directo a las tutoras de los hijos de trabajadoras (de mil 600 pesos bimestrales a menores de 4 años y de 3 mil 600 a menores de 6 años con discapacidad), que la idea que nos guió a esta decisión es que no hay nadie mejor que los padres y madres para decidir el cuidado de sus hijas y de sus hijos.

Al detallar los programas centrales de la dependencia que encabeza, la secretaria pidió a los gobernadores presentes en la sesión del Sipinna realizar trabajo en equipo mediante las distintas instancias en favor de los más vulnerables: la infancia y la juventud.

Advirtió que la pobreza de los menores de edad debe doler porque son más de 20 millones de personas sin oportunidades y 4 millones en pobreza extrema.

Además, nueve de cada 10 indígenas viven en condiciones de pobreza. Por tanto, dijo, los apoyos no son una caridad, sino un derecho.

Por su parte, la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María del Rocío García, comentó que durante 2018 fueron detectados 10 mil 417 menores migrantes no acompañados y en el año en curso la cuenta ya va en 4 mil 676.