El Congreso capitalino vigilará que se inicien las acciones penales o administrativas que correspondan por las irregularidades detectadas en el ejercicio presupuestal de 2017 que no sean subsanadas y se comprometió a legislar para establecer en las leyes medidas que prevengan actos de corrupción.

Al entregar al Congreso el segundo informe parcial y el informe general de resultados de la revisión de la cuenta pública de 2017, el titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), David Manuel Vega Vera, señaló que los entes observados cuentan con un plazo de 30 días hábiles para ofrecer la documentación y argumentos para solventar dichas irregularidades.

Explicó que la suma de resultados del primer informe parcial de noviembre y los del segundo que adelantó ayer este diario, arroja una cifra histórica de mil 274 irregularidades detectadas, de las que solamente se han atendido 70.

El presidente de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior y la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, José Luis Rodríguez y Guadalupe Morales, respectivamente, señalaron que corresponde ahora a los legisladores vigilar que en el caso de las anomalías no subsanadas se inicien los procedimientos penales o administrativos para no dejar impune la corrupción de la pasada administración.

Vega Vera refirió que en ocho años, de 2008 a 2016, las acciones de fiscalización de la ASCM han derivado en mil 279 acciones contra servidores públicos, y si bien dijo que estas mil 272 recomendaciones servirán para recuperar recursos a las arcas públicas, se ahorra más aplicando medidas de prevención. Sí, la cárcel y la sanción penal, pero hay un largo proceso de defensa y el dinero se va, alertó.

Instó, además, a los legisladores a imprimir como sello de la Cuarta Transformación en la administración pública local, implementar un servicio profesional obligatorio de carrera para los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para dejar de improvisar a funcionarios.