El Senado aprobó ayer la reforma laboral que da respuesta a demandas históricas de los trabajadores, al establecer la libertad y democracia sindical y un nuevo sistema de justicia que deja en el Poder Judicial la solución de los conflictos obrero patronales, según coincidieron la mayoría de las fuerzas políticas.

La minuta se turnó de inmediato al Presidente de la República para su promulgación, ya que se aprobó sin cambios, con la promesa de Morena a la oposición de que las 39 reservas al articulado de la Ley Federal del Trabajo, que ayer presentaron y que fueron rechazadas, serán discutidas durante el receso legislativo, en parlamento abierto y objeto de una nueva reforma.

Con esa promesa, que refrendó ante el pleno el presidente de la Comisión de Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, la reforma se aprobó casi por unanimidad, con 120 votos a favor y dos abstenciones, y el reconocimiento de la mayoría de las fuerzas políticas de que es un gran paso para acabar con el sindicalismo corporativo y corrupto.

En tribuna, el senador Gómez Urrutia, dirigente del sindicato minero, recalcó que la reforma genera condiciones mínimas para hacer valer el principio de libertad y democracia sindical, al prohibir cualquier posible injerencia, presión o coacción por parte de los empleadores o de las autoridades. Una lucha obrera, dijo, gestada durante décadas.

El también senador de Morena e igualmente dirigente sindical Pedro Haces sostuvo que es la modificación laboral más importante por su profundidad y alcance. La clase trabajadora se quita los grilletes, dijo, mientras a nombre del Partido Acción Nacional (PAN), Alejandra Reynoso destacó que se avanza a un nuevo sindicalismo, alejado del corporativismo y la corrupción.

La única voz discordante fue la del senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, quien –desde su silla de ruedas y con voz entrecortada– calificó de inaceptable la intromisión en la vida interna de los sindicatos, y sostuvo que esa reforma laboral se aprueba por presiones de Estados Unidos y Canadá, dentro del tratado de libre comercio.

Antes, el senador Gómez Urrutia precisó que con la modificación a las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social y Orgánica del Poder Judicial y otros ordenamientos, se cumple con la obligación de expedir la legislación secundaria de la reforma constitucional de febrero de 2017 y con tratados internacionales, como son: los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derecho de sindicación y negociación colectiva.

La presidenta de la Comisión de Estudio Legislativos, Ana Lilia Rivera, precisó que se deja claro que no puede obligarse a los trabajadores a afiliarse a algún sindicato, pues podrán elegir libremente a sus dirigentes, éstos no podrán eternizarse, ya que la duración de las directivas no podrá ser indefinida.

Los dirigentes sindicales deberán rendir cuentas completas y detalladas de la administración de su patrimonio. Aunada a ello, el registro del sindicato podrá cancelarse cuando sus dirigentes o representantes incurran en actos de extorsión contra los patrones.

Durante la discusión en lo particular, el senador Aceves del Olmo presentó reservas a la mayoría de esos ordenamientos –muchos de ellos leídos por otros senadores del PRI– entre otros al artículo 110, en el que se subraya que será opcional para los trabajadores el pago de cuotas sindicales.

Por su parte, el PAN llevó a tribuna aquellos artículos objetados por los empresarios, entre otros, los que pretenden que sea opcional para el trabajador integrarse a un sindicato y los que obligan a los patrones a presentar la prueba de despido.

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, propuso que se establezca el presupuesto para la puesta en marcha del nuevo sistema de impartición de justicia que elimina las juntas de Conciliación y Arbitraje y pasa la resolución de los conflictos entre obreros y patrones al Poder Judicial.

En la minuta se incluye un régimen de transición de cuatro años para que jueces y tribunales laborales comiencen a operar y de tres años a nivel local.

El presidente del Senado anunció el envío inmediato de la minuta, con una reforma histórica, al Ejecutivo federal.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, se presentó por la tarde en el Senado para sostener que la reforma laboral aprobada no es un buen regalo para los trabajadores del país, ya que se trata de una legislación temporal, con el único fin de atender los dictados del T-MEC y de Estados Unidos.