Al hacer un breve diagnóstico sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país, el representante en México de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, aseguró que el actual régimen agrario dificulta la libre autodeterminación.

Al participar en el Senado en el conversatorio Hacia una agenda legislativa garante de los derechos a la libre determinación, al territorio y a modelos propios de desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes, subrayó que el patrón dominante no toma en cuenta las necesidades y aspiraciones de esta población y privilegia solamente la extracción intensiva de sus recursos, sean mineros, forestales o petrolíferos.

Durante su participación, la semana pasada, en los trabajos de la Semana de las Culturas Indígenas, organizada por la comisión de Asuntos Indígenas, el representante de la ONU destacó que en México hay más de 300 concesiones para la explotación de recursos mineros, que deberían traducirse en beneficios para las comunidades indígenas; sin embargo, la realidad muestra que hay daños al medio ambiente y a la economía de los pueblos originarios, entre otros.

Aseveró que las llamadas consultas a las comunidades donde se ubican las minas, ha sido letra muerta o han causado perjuicios que han llevado a conflictos internos.

Subrayó que la ausencia de legislación en derechos humanos para los indígenas del país no exime al Estado de brindarles un marco de libertades e igualdad, máxime si hay empresas involucradas.

Así, propuso que las consultas se efectúen bajo el marco internacional vigente, pues urge su reforzamiento en México. Consideró necesario, para brindar autodeterminación y desarrollo a los pueblos indígenas, destrabar la actual legislación agraria, que no incluye la protección de la tenencia de la tierra y su uso para las diversas etnias. Es necesario, insistió, salvaguardar sus derechos territoriales.