México aún tiene niveles intolerables de impunidad en materia de tortura y violaciones a los derechos humanos, sostuvo ayer el ex relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Tortura, Juan E. Méndez.

El reto del gobierno y la sociedad es romper el ciclo de la impunidad, señaló en la inauguración de la cátedra extraordinaria de derechos humanos Luis Javier Garrido Platas, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El abogado argentino y defensor de los derechos humanos consideró que el cambio de gobierno en México es un hito, especialmente frente a la tendencia mundial de regresión y al autoritarismo. Este país representa aún una luz de esperanza de que mediante la lucha pacífica se pueden lograr cambios sociales.

México pasa por una crisis de violencia, de crimen organizado y de violaciones a los derechos humanos, dijo en una conferencia magistral convocada por la Central de Estudiantes Universitarios.

En este contexto, romper el ciclo de impunidad requiere la firme decisión de castigar los delitos cometidos desde el Estado o con la aquiescencia de funcionarios estatales.

Para Méndez, al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador ha habido gestos muy bienvenidos hacia las víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, que abren la esperanza de que se puedan establecer efectivamente medidas de justicia transicional coordinadas con otras medias de reformas constitucionales que permitan avizorar un México sin tortura, sin desapariciones forzadas, sin impunidad ante las violaciones más graves de los derechos humanos.

El saldo en materia de justicia es, sin embargo, deficitario, pues hay graves crímenes ante los que la sociedad y el Estado no pueden tolerar la impunidad.

El crimen organizado, dijo, es un desafió mayor. Ahora se da la oportunidad de responder a ello con estrategias institucionales que no implican la militarización de esa lucha sino la respuesta con las armas del derecho y la ley.

Señaló que diversas experiencias internacionales de pacificación han dado cuenta de que la búsqueda de la verdad y el combate a la impunidad son indispensables, pero que también ayudan medidas de justicia transicional como las contempladas por el gobierno.