Ciudad Juárez, Chih., Más de 300 personas llegaron a Parral de la comunidad Atascaderos del municipio de Guadalupe y Calvo, de donde huyeron de la violencia provocada por cárteles del narcotráfico.

El grupo, formado por hombres, mujeres y niños, acudió la tarde del martes a la presidencia municipal de Parral. El indígena Nepomuceno García aseguró que los narcotraficantes ya no les permitían trabajar. Nos roban comida, ofenden a las mujeres. Por eso salimos y pedimos ayuda a las autoridades.

El portavoz indicó que sus compañeros ya no podían soportar la violencia en la región serrana del sur de Chihuahua, y temen por la seguridad de sus familias. Adelantó que los desplazados acudirían a la Feria del Empleo que el gobierno federal instaló en el Auditorio Mundial de Parral, pues no queremos nada regalado, sólo trabajo y un lugar para vivir mientras nos acomodamos.

Sobre la violencia, el titular de la Fiscalía General del Estado, César Peniche, informó que se lleva a cabio una operación coordinada muy específica en Atascaderos a fin de restablecer el orden.

Señaló que elementos de la Agencia Estatal de Investigación, junto con efectivos de la Comisión Estatal de Seguridad, de la dirección de seguridad pública municipal de Guadalupe y Calvo y de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban patrullajes.

“Atascaderos está en el Triángulo Dorado (que conforman los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde se produce amapola). Eso coloca en una situación vulnerable a los habitantes, ya que en ese punto algunos líderes del crimen tienen sus zonas de protección y la comunidad es víctima de ello”, dijo.

De acuerdo con Peniche, un número relevante de personas salió de sus casas; sin embargo, por líderes seccionales se supo que han regresado de manera paulatina.

Destacó que se instaló en Atascaderos una base militar para que los soldados realicen las acciones necesarias para brindar seguridad a los habitantes.

Vecinos de la región, la mayoría de las etnias tarahumara y tepehuana, afirmaron que la violencia es más grave de lo que autoridades reconocen, y que los muertos son enterrados por sus familiares o por grupos criminales sin notificar al gobierno.