Las medidas aplicadas en la Ciudad de México para abatir la contaminación ambiental deberían exportarse a las entidades circunvecinas con una visión megametropolitana y no relajar las acciones que han dado resultado, como la verificación vehicular, por más impopulares que sean, afirmó Stephan Brodziak, presidente de la asociación civil El Poder del Consumidor.

Nosotros no estamos satisfechos de cómo se relajó el sistema de verificación vehicular, aun cuando tiene la contraprestación de mitigar el éxodo del emplacamiento de coches en la Ciudad de México, afirmó en conferencia de prensa.

Censuró que concesionarias automotrices en la capital del país, en aras de vender más unidades, ofrezcan a sus compradores emplacar en los estados de México, Morelos o Querétaro. El problema es que sus clientes van a verificar en esos entidades con una norma aún más laxa y luego regresan a la Ciudad de México, afirmó.

“En vez de relajar la verificación vehicular se debería adoptar una política ‘megametropolitana’, que va a ser bastante impopular, para exportar las prácticas que tiene la Ciudad de México o la exigencia que antes tenía en materia de verificación vehicular a los estados aledaños”, sugirió.

Esto serviría para que la megalópolis fuera ejemplo de buenas prácticas para de verdad hacer que los automotores tengan una afinación adecuada y se desincentive su uso por las restricciones que existan.

Brodziak dijo lo anterior en conferencia de prensa junto con representantes de las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), Bicitekas, Fundación Tláloc y Greenpeace, en la que anunciaron su formación como Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire (OCCA).

Éste tendrá como objetivo vigilar y exigir a los tres niveles de gobierno que cumplan las políticas existentes para garantizar el derecho a un medio ambiente sano en términos de calidad del aire, así como los cambios políticos que tienen que suceder para que los mexicanos podamos respirar aire limpio.

Clara Vadillo, gerente de políticas públicas y seguridad vial del ITDP, señaló que de acuerdo con un estudio que realiza ese organismo, estimamos que la contaminación por material particulado fino y ultrafino (PM10 y PM2.5) derivada del transporte terrestre en las 20 ciudades más grandes del país causó 14 mil 288 muertes en 2017, con un costo equivalente a 1.62 por ciento del producto interno bruto nacional.

El OCCA hace un llamado a que las redes de vigilancia atmósferica en el país cumplan con la NOM-156, pues varias no están reportando datos y con ello se violenta el derecho a la salud, a la información y a un medio ambiente sano, además de incumplir con la comunicación de riesgo para proteger a la población expuesta.

En su último informe de calidad del aire 2017, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático advirtió que no incluyó información de 14 de los 34 sistemas de calidad del aire existentes en el país, porque no se tuvieron datos.