La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen de reforma para que el Presidente pueda ser imputado, además de por traición a la patria y delitos graves, y sometido a juicio político, si comete cualquiera de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Aun cuando Morena ya daba por aprobada sin cambios la minuta del Senado, la comisión excluyó de la reforma a senadores y diputados, luego de que legisladores de esa bancada, del PAN y MC alertaron que, en lugar de acotar la inmunidad constitucional para los integrantes del Congreso, se reforzaba.

Esto es, explicaron, de aceptar la minuta del Senado, diputados y senadores sólo podrían ser acusados y, en su caso, desaforados, por traición a la patria, delitos considerados graves y los incluidos en el catálogo del artículo 19 de la Constitución que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Martha Tagle (MC) ejemplificó: de estar vigente esta reforma, el diputado Cipriano Charrez, acusado de homicidio culposo de un taxista, no podría ser sometido –como ocurrirá esta mañana– a un juicio de procedencia.

Esto porque el artículo 19 constitucional no contempla prisión preventiva oficiosa para homicidio culposo, sino para homicidio doloso.

Pablo Gómez (Morena) cuestionó: ¿Qué tenemos que hacer los legisladores en ese artículo (el 108)? Es ofensivo. A alguien se le ocurrió poner ahí a los senadores y diputados. El fuero los convertía en impunes en 90 por ciento de los delitos del Código Penal. El problema es que nos embarren en un asunto que no tenemos nada que ver. Le mandamos decir al Senado que muchas gracias, que no queremos privilegios y que ahí la dejamos.

Anunció que Morena presentará una iniciativa para eliminar definitivamente la inmunidad constitucional que se otorga a los legisladores conocida como fuero.

Fin a la partida secreta

Antes, la comisión aprobó modificar el artículo 74 de la Constitución para suprimir la posibilidad de que existan las partidas secretas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El manejo discrecional de los fondos de las partidas secretas dio lugar, por ejemplo, a que Luis Téllez y el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado acusaran a Carlos Salinas de Gortari de haberse robado la partida secreta.

Desde Ernesto Zedillo, los presidentes ya no utilizan partidas secretas y el último funcionario en manejarla fue Carlos Altamirano, quien en ese sexenio fue director general de administración de Los Pinos.

También avaló un dictamen para agregar a las atribuciones del Congreso, crear comisiones de investigación de cualquier ente público, con excepción del Poder Judicial y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La reforma obligaría a que cualquier persona sea obligada a comparecer ante la comisión investigadora y entregar copias de documentos, contratos y cuentas bancarias, así como informaciones documentales de fideicomisos y otras formas de administración.