a política migratoria mexicana ha cambiado abiertamente: ahora mira hacia el norte y se acomide a los dictados de Washington, traduciendo al español en la frontera sur de México los lineamientos recibidos en inglés. La retórica oficial, como es usual, trata de explicar y justificar lo que está a la vista, mediante una narrativa gubernamental que arguye proteger a los buscadores de llegar a tierra estadunidense al obligarlos a permanecer en el sur mexicano o, abiertamente, al deportarlos a sus países de origen.

El inconfeso pacto hecho con Estados Unidos para convertirnos en la policía gringa en el sur mexicano alinea al gobierno obradorista con el trumpista. Ambas administraciones tienen ganancias políticas y electorales: la Casa Blanca ha permitido (si no es que alentado) que en México haya una alternancia partidista que no afecta el fondo de las cosas ni significa un peligro real para la estructura fundamental del sistema político y económico vigentes, mientras Palacio Nacional ha proveído una cierta estabilidad de continuismo (con el compromiso de no tocar a las élites corruptas) y da a Trump elementos para el desarrollo de sus estridentes proclamas de corte electoral, en específico la virtual construcción a la mitad del territorio mexicano de un muro de contención de la migración centroamericana y del Caribe (ahora con añadidos de otros países), confinando a esos migrantes a un territorio donde la inversión estadunidense promete ayudar a proyectos desarrollistas que arraiguen al flujo migratorio en el sur mexicano, así transformado en patio de maniobras.

En ese esquema de entendimientos entre el trumpismo y el obradorismo se inscriben episodios como la cena realizada en la casa de un vicepresidente de Televisa (con la presencia de otro de los más altos ejecutivos de esa empresa) con Jared Kushner, yerno de Donald Trump, y su operador de planes tenebrosos, y López Obrador como invitados dialogantes. O la frecuente comparecencia de secretarios del gobierno mexicano ante mandos estadunidenses para ajustar el comportamiento de los primeros a las directrices de los segundos (Olga Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard son viajeros frecuentes en ese esquema de visitas guiadas).

El giro del gobierno mexicano implica nuevas medidas para el otorgamiento de permisos de diversa índole a los migrantes (una especie de visas temporales) y, en especial, el uso de la fuerza policiaca y de agentes del nada regenerado Instituto Nacional de Migración para detener las caravanas de migrantes y devolverlas a los países por donde entraron a México. De esta manera se satisfarán las exigencias de Donald Trump, quien emite regaños y felicitaciones a México conforme se cumplen sus demandas de mano dura en nuestro país con los migrantes, en un símil con el trato dado en el vecino norteño con nuestros paisanos.

El gobierno federal ha decidido dar un golpe de pedal a la estancada bicicleta de la abrogación de la reforma educativa peñista. Ayer, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, se reunió con coordinadores de bancadas legislativas para acordar los términos de la propuesta que podría ser discutida antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso federal. Tal reunión pareció un madruguete en busca de una pronta aprobación en la Cámara de Diputados de tal iniciativa que, al menos en el escenario público, no ha sido aprobada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la organización gremial que ha sostenido una larga oposición a la reforma peñista y, hasta ahora, a los términos de la contrarreforma obradorista.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, pidió recientemente a los miembros de la CNTE que confíen en el compromiso del presidente López Obrador de desmontar la multimencionada reforma peñista. En ese esquema de señales políticas se produjo la polémica emisión del memorando presidencial que instruyó a secretarios del gobierno federal a frenar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales correspondientes a la reforma peñista que sigue vigente.

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