Desde ayer la circulación de motopatines y bicicletas sin anclaje y su estacionamiento en banquetas están prohibidos de manera definitiva, por lo que no existe materia para que vecinos del corredor Roma-Condesa inicien un juicio de amparo, informó el consejero Jurídico y de Servicios Legales, Héctor Villegas.

Después de participar en la Jornada por el Derecho a Decidir de las Mujeres, realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), explicó que este martes se publicó una fe de erratas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Con ello, el decreto del 16 de abril pasado, que prohíbe la circulación y estacionamiento de esos sistemas de movilidad en banquetas, entró en vigor de manera inmediata, y se establece un protocolo para la ubicación de espacios para colocarlas.

Con esta modificación al Reglamento de Tránsito, las empresas propietarias además estarían obligada a mover esos transportes, de encontrarse saturado los espacios, para no obstaculizar el paso de peatones y las entradas a los inmuebles.

Ante ello, los vecinos “ya no tendrían motivo para presentar un amparo –como reiteraron el domingo pasado–, aunque estaba estirado un poco el tema, pero para evitar suspicacias hicimos la modificación”, precisó.

Por la tarde, habitantes de la colonia Hipódromo se manifestaron en contra del aval que la CDHDF dio a las modificaciones al Reglamento de Tránsito para proteger el interés de las empresas propietarias de esos sistemas de transporte.

Pese a las quejas que presentaron vecinos ante lo que consideraron una violación a su derecho a la movilidad con seguridad y libre de obstáculos, el organismo presidido por Nashieli Ramírez no priorizó las violaciones cometidas por la Secretaría de Movilidad.

Dicha dependencia, explicaron, considera a los vehículos recreativos –motopatines y bicicletas sin anclaje– de la misma forma que los usados por personas con discapacidad, lo cual atenta contra los derechos y garantías de los ciudadanos.

Recordaron a la presidenta del organismo que la función del ombudsman es la defensa del pueblo y no el aval al transgresor.