El Programa Anual de Auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública 2018 estuvo integrado por mil 572 estudios. La mayoría se concentró en las áreas de desarrollo social y económico, así como en las entidades federativas y el Poder Legislativo.

De acuerdo con dicho programa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las auditorías forenses –donde se presume la existencia de un delito– se enfocaron en las instituciones públicas de educación superior, donde en años anteriores se han detectado operaciones de desvío de recursos, en triangulación con empresas fantasma.

El año pasado se investigó a las universidades Politécnica de Huatusco, Autónoma Chapingo, Autónoma de Nuevo León, de Colima, Politécnica de Sinaloa y Tecnológica de Campeche, además del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan y el Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales.

De igual forma, en 2018 se practicaron auditorías de cumplimiento forense en las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural; Gobernación y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el área de Transmisión de la Comisión Federal de Electricidad.

En cuanto a volumen, las auditorías de desempeño fueron las más numerosas, con un total de mil 50 (66 por ciento del total).

Entre las dependencias federales donde se realizaron más estudios se encuentran las secretarías de Hacienda y Crédito Público (17), Educación Pública (15), Agricultura y Desarrollo Rural (7), Comunicaciones y Transportes (3) y Gobernación (3), además del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (9) y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (6).

Sin embargo, la mayor cantidad de auditorías de desempeño (un total de 820) se llevaron a cabo en las entidades federativas y municipios. Entre los estados que acumularon más análisis en 2018 están los de México (44), Nuevo León (32), Jalisco (32), Ciudad de México (31) y Veracruz (31).