Un juez federal ordenó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reconozca un peritaje independiente en el que se documentó que Nancy Saavedra fue víctima de tortura por parte de los cuerpos de seguridad de esa entidad, delito que no ha sido investigado por las autoridades mexiquenses.

El 8 de julio de 2018, la agraviada fue detenida en la Central de Abasto de Ecatepec por elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem), por el supuesto robo de una cartera. La condujeron a un módulo donde la torturaron –como acreditó el médico Sergio Rivera Cruz, destacado perito independiente que ha colaborado entre otros espacios en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– hasta que ella y su familia aceptaron pagar 2 mil pesos de extorsión a cambio de su libertad.

La fiscalía estatal se había negado a reconocer el peritaje independiente y pretendía que Saavedra se sometiera a una evaluación que le practicaría personal de la propia dependencia, lo que fue considerado como revictimizante por la afectada y sus representantes legales (la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos), pues con esto corre el riesgo de revivir de manera innecesaria los actos de tortura, por lo que presentaron un amparo contra la negativa de las autoridades mexiquenses.

El juzgado ocatvo de distrito, con sede en esa entidad, otorgó el amparo a la agraviada el 27 de marzo de este año. En la sentencia, el juzgador señala que dentro de un proceso penal, las víctimas que refieran haber sido objeto de tortura o malos tratos tienen el derecho de someterse a una evaluación médica sicológica por parte de peritos independientes ajenos a la fiscalía, ya que considerar lo contrario transgrede el derecho a la justicia pronta y expedita.

Ante esto, Idheas sentenció que si bien es obligación del Ministerio Público realizar la investigación del ilícito por el que originalmente se inició la denuncia, tratándose de asuntos en los que se involucren hechos posiblemente constitutivos de tortura se debe efectuar un análisis exhaustivo de los elementos de prueba a fin de establecer si las alteraciones en la integridad física de la víctima pueden derivar en actos típicos de ese delito.

La Cusaem es una corporación creada durante la administración estatal de Enrique Peña Nieto, y aunque se presenta como una empresa privada, opera como autoridad de la entidad. Cifras de la propia Fiscalía local muestran que desde 2012 hay 43 carpetas de investigación en su contra por delitos como lesiones, robo y abuso de autoridad, de las cuales sólo 11 han sido consignadas.

El caso de Nancy forma parte del informe que organizaciones civiles presentarán durante la evaluación que el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas hará al Estado mexicano la próxima semana en Ginebra, Suiza.