Un tribunal unitario de Quintana Roo libró orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres; de Adolfo Karam Beltrán y de Julián Sánchez Moreno, ex jefes de la policía local y de mandamientos Judiciales de la Procuraduría estatal, respectivamente, y del empresario textilero Kamel Nacif Borge, presuntos responsables del delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005.

Ayer, Sánchez Moreno fue detenido en el estado de México por agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, y deberá ser trasladado a Cancún donde se lleva a cabo el proceso. Según Ramón Fernández, secretario particular del ex gobernador, éste se encuentra vacacionando, aunque no dijo el lugar; empero, otras versiones afirman que el jueves pasado fue alertado desde Quintana Roo que había una orden de aprehensión en su contra, por lo que habría salido huyendo de territorio poblano para evitar ser detenido por la FGR.

Los agravios contra la comunicadora se dieron tras la publicación de su libro Los demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía, en el que develó una red de pederastas, de trata de menores y de pornografía y prostitución infantil liderada por el magnate hotelero, Jean Succar Kuri, arrestado en Cancún en 2004. Entre los implicados se ubica al apodado Rey de la Mezclilla.

Debido a los señalamientos en su contra, Nacif Borge demandó a la periodista por supuesta difamación y calumnias. El entonces gobernador poblano intercedió para que agentes estatales se trasladaran hasta Cancún para detener a Cacho y llevarla a Puebla. En el trayecto se habrían dado los abusos y torturas a la periodista. Semanas después, La Jornada dio a conocer grabaciones de conversaciones entre Marín y Nacif que demostraron una conjura para concretar la detención ilegal.

El pasado 11 de abril, la magistrada María Elena Suárez también revocó la sentencia del juzgado segundo de distrito que negó librar la orden de aprehensión, y ordenó al Ministerio Público Federal iniciar la búsqueda de los imputados, mientras el juez tendrá que realizar los trámites respectivos para suspender los derechos políticos de los inculpados. Este mandamiento forma parte de la causa penal 26/2018.

En enero pasado, el Estado mexicano, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ofreció una disculpa pública a la periodista. Esto se hizo en respuesta a la reparación del daño en favor de Cacho Ribeiro ordenada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que determinó que el gobierno de México violó sus derechos de libertad de expresión, integridad y seguridad personal, a la libertad y al acceso a la justicia, por lo que ordenó a las autoridades nacionales garantizar justicia, verdad y reparación.

En ese acto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que el gobierno federal prometió respeto y garantías para el ejercicio de la libertad de expresión.

De su lado, la Red por los Derechos de la Infancia en México reconoció que el tribunal unitario haya emitido las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de los delitos contra Lydia Cacho.

Destacó que ese fallo es un paso para el combate a la corrupción y la impunidad en este caso. Afirmó que concretar la aprehensión de los imputados será una prueba para el gobierno de López Obrador de que efectivamente combatirá la corrupción.