Resultado del Pacto por México, la reforma constitucional en materia educativa –la primera de las denominadas estructurales del ex presidente Enrique Peña Nieto– se confeccionó con rapidez en el Congreso.

En los primeros días de su mandato envió la iniciativa –el 10 de diciembre de 2012–, y la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Constitución el 19 del mismo mes, y el Senado la validó menos de 24 horas después, gracias a los votos de la alianza PRI-PAN-PRD.

Al promulgarse en Palacio Nacional, en una ceremonia el 25 de febrero y a la que no asistió Elba Esther Gordillo, el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, atribuyó la reforma al Congreso y enseguida expresó: No hay marcha atrás.

Como parte de la reforma se estableció en el artículo tercero constitucional la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, a cargo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), que a su vez tiene la atribución de evaluar la calidad, desempeño y resultados del sistema de enseñanza.

En la reforma, el Congreso definió que la ley reglamentaria fijaría criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los maestros en su empleo.

Fue el PAN el que planteó que los integrantes de la junta de gobierno del INEE fueran propuestos por el Presidente mediante ternas. Los mismos panistas recomendaron incluir que la evaluación del desempeño y los resultados del sistema educativo nacional, así como la calidad de la enseñanza, fueran atribución del propio instituto.

Durante las discusiones, PRI, PAN, PRD, PVEM y el desaparecido Panal definieron la reforma como revolucionaria, con el argumento de que el Estado recuperaría el control en el otorgamiento de las plazas, para que su manejo no dependa más de intereses particulares.

Ante las movilizaciones magisteriales y el bloqueo a la Cámara de Diputados y al Senado, ambos órganos legislativos convocaron a sesiones en el Centro Banamex, para aprobar la ley secundaria.

La madrugada del 22 de agosto de 2013, aquellos mismos partidos aprobaron las leyes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, que fueron respaldadas a la medianoche por el Senado, y que el Presidente promulgó el 10 de septiembre.

El Senado aceptó entonces un agregado propuesto por Chuayffet para otorgarle al INEE las facultades de aplicar procedimientos de evaluación a los maestros. El entonces senador Juan Carlos Romero Hicks –hoy coordinador de los diputados panistas– dijo que ese añadido enriquecía la Ley del Servicio Profesional Docente.