El titular de la Comisión de Reconstrucción, César Cravioto Romero, informó que llamará a cuentas a las empresas que incumplan con la reconstrucción, rehabilitación o reforzamiento de inmuebles dañados por el sismo de septiembre de 2017, y si es necesario parar una obra que estén haciendo mal, lo vamos a hacer.

Se cuenta con una mesa técnica donde participan los colegios de Arquitectos e Ingenieros, así como la Cámara de Mexicana de la Industria de la Construcción, para realizar visitas de supervisión, sobre todo a las obras más complicadas, como los multifamiliares Tlalpan y Los Girasoles, y Tlalpan 550, indicó.

El objetivo, dijo, es realizar ajustes a los proyectos para mejorar la obra, lo cual se trabaja con las empresas constructoras, aunque en el último caso se pidió una revisión más escrupulosa por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y de la Secretaría de Obras y Servicios.

La comisión está haciendo su trabajo para garantizar el proceso empleado, la calidad de los materiales y la seguridad de los inmuebles, para lo cual se cuenta con el aval de un director responsable de obra (DRO) y un corresponsable de seguridad estructural, que lo avala, puntualizó.

El funcionario explicó en entrevista que es imposible estar en cada una de las 20 mil obras, por lo que en los 195 cuadrantes afectados por los sismos se cuenta con un DRO y una empresa supervisora de los trabajos que realiza la firma constructora.

Se trata, señaló, de una doble supervisión tanto de edificios como de casas unifamiliares, pese a que la ley “no te obliga, en este último caso, a tener un DRO, y los tenemos hasta en rehabilitaciones menores –de entre 50 mil y 70 mil pesos– que firman que los trabajos se hagan de manera correcta”.

Destacó que ese es el nivel de control que tenemos en la reconstrucción, donde participan 308 empresas dedicadas a la elaboración de los proyectos, construcción y supervisión, pues ninguna obra concluye como se plasma; siempre hay modificaciones y se asientan en una bitácora, para mejorar.

Por ello, lamentó que el colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México acuse a la comisión de solapar a las empresas, cuando se transparentó su elección; cada sábado se informa de los avances del proceso y todos los miércoles se tienen reuniones con ellos.

No estamos siendo omisos, los hemos atendido, pero se cruza un problema entre los representantes formales, que son los administradores de los edificios, a quienes, en 60 casos, el gobierno anterior les entregó los recursos para la contratación de las empresas que realizarían los trabajos.

Las obras realizadas son supervisadas, y si detectamos anomalías en las 55 que restan, pues cinco ya fueron entregadas, vamos a actuar en consecuencia. También les estamos exigiendo cuentas, con el fin de entregar una vivienda digna y segura a la gente, y no le vamos a fallar, afirmó.