Querétaro, Qro., La Fiscalía General del Estado (FGE) citó a declarar como testigos a tres activistas que criticaron en las redes sociales a la diputada local panista Elsa Adané Méndez Álvarez, por su actuación contra la comunidad gay y familias diversas. La comparecencia, dijeron los involucrados, es a raíz de una denuncia que presentó la legisladora, pero nunca les aclararon qué delito cometieron.

Los citados presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos estatal (DDHQ) contra la presidenta de la Comisión de la Familia del Congreso local, por violaciones a su libertad de expresión y utilizar su cargo público para amedrentar a los defensores de grupos vulnerables.

Los citatorios los recibieron Maricruz Ocampo Guerrero, Josefina Meza Espinosa y Luis Felipe Zamudio Burgos, en distintas fechas. Todos fueron llamados a comparecer como testigos en diferentes días, sin informarles el delito que propició la investigación.

Ocampo Guerrero recibió el 8 de abril pasado el citatorio firmado por Gabriela Hernández Martínez, fiscal de acusación y jefa de la Unidad de Detenidos por Delitos Comunes, respecto de la investigación CI/QRO/8665/2019.

En el documento que presentó ante la DDHQ, Ocampo Guerrero narró que se presentó a la fiscalía el 10 de abril; ahí le informaron que la diputada interpuso una denuncia contra quien resulte responsable; además señaló nombres de varios activistas que hicieron comentarios en redes sociales en su contra. Los comentarios vertidos, argumentó la activista en su queja, fueron las deficiencias y violaciones frecuentes que realiza la legisladora a la Constitución, a los tratados internacionales sobre las personas de la comunidad lésbico gay, y a las familias diversas.

En entrevista con La Jornada, Maricruz Ocampo explicó que en la fiscalía le mostraron una imagen de su cuenta de Facebook donde compartió la nota periodística de un diario local en el que ella declaró que la diputada incurre y promueve la discriminación.

Le preguntó a la fiscal qué delito indagaba y le respondió que sólo cumplían con investigar para determinar si hay hechos constitutivos de delito.

Para la activista la denuncia de la legisladora panista viola los derechos humanos de libertad de expresión y de libre pensamiento de ideas, y se vale de su cargo para utilizar los medios del estado, lo que resulta todavía más grave. Por eso solicitó a la DDHQ que investigue la conducta de la diputada porque consideró es ilegal.

El 27 de febrero anterior, Méndez Álvarez confrontó en la Ciudad de México al diputado federal Gerardo Fernández Noroña por su postura sobre la interrupción legal del embarazo.

En otras actividades públicas, la diputada ha vitoreado al obispo queretano Faustino Armendáriz, por lo que los activistas la han cuestionado por considerar que como diputada debe separar su ideología y su postura religiosa de sus actividades, así como en la toma de decisiones.