AUn sin definir todavía los alcances de la autonomía universitaria en la reforma educativa pendiente por discutir en la Cámara de Diputados, los congresos locales de los estados de México, Baja California Sur, Sinaloa y Veracruz han presentado diversas iniciativas para modificar las leyes orgánicas de sus correspondientes casas de estudio sin el consentimiento de sus respectivas autoridades y comunidades, quienes aseguran que estos proyectos vulneran su autonomía.

Las iniciativas presentadas en semanas y días recientes han recibido un abierto rechazo de los rectores de esas escuelas, apoyados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu).

Sin embargo, los procesos legislativos avanzan para su estudio, como es el caso de Sinaloa, cuyo congreso local ya ha calificado que la solicitud de cambio en la Ley Orgánica de la universidad del estado –una de las más grandes del país– reúne técnicamente todos los requisitos para recibirla y analizarla.

Con ciertas diferencias, las iniciativas de cambio –incluso unas en el ámbito de las Constituciones locales– proponen ratificar los periodos de cuatro años de los rectores, pero sin relección, así como renovar consejos universitarios –máximos órganos de gobierno y normativos de las universidades– para garantizar, presuntamente, la democratización de la institución y establecer nuevos requisitos para los candidatos, entre otras disposiciones.

Los rectores Alfredo Barrera Baca, de la Universidad Autónoma del Estado de México; Gustavo Cruz Chávez, de Baja California Sur, y Juan Eulogio Guerra Liera, de Sinaloa, expresaron su tajante rechazo a las pretensiones de los congresos de sus entidades, todos ellos con mayoría de Morena. Incluso, el Consejo Universitario se declaró en sesión permanente para convocarse en caso de cualquier eventualidad.

La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, enfrenta una segunda pretensión de cambios legislativos a los que desde la primera ocasión manifestó su abierto rechazo.

Los rectores han solicitado a los congresos locales suspender estos procesos legislativos o de lo contrario empezarán acciones jurídicas para defender su autonomía.

Estos intentos de modificar ese estatus se dan en medio de la anunciada reforma constitucional al artículo tercero en la que todavía no está claro el tema de la autonomía universitaria, aunque se asegura que ésta no será tocada en el texto.

Hay que recordar que apenas en octubre pasado, por unanimidad, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó sentencia definitiva en favor de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en un amparo contra la decisión del Congreso de esa entidad, que reformaba y anexaba a la Ley Orgánica de esa casa de estudios un órgano interno de control, nombrado por el Poder Legislativo local.

El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán indicaba que la autonomía universitaria inhibe cualquier posibilidad de que autoridades externas se conviertan en revisoras, controladoras o fiscalizadoras del quehacer escolar.