El problema de las desapariciones es una de las crisis de derechos humanos más complejas que enfrenta México. Las cifras oficiales son aterradoras: más de 40 mil personas ausentes, 26 mil cuerpos sin ser identificados y 855 fosas clandestinas halladas en diversos puntos del territorio nacional. Pero más allá de eso, el drama se expresa en la incertidumbre que viven las familias afectadas y en la imperante impunidad por estos delitos.

Entrevistado por La Jornada, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, expresó lo anterior y destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya manifestado públicamente el compromiso de su administración para combatir, resolver y enfrentar esta problemática, para lo cual también es deber de los gobiernos estatales y municipales sumar esfuerzos.

Datos de la comisión indican que de diciembre de 2006 –cuando empezó la llamada guerra contra el narcotráfico– a la fecha se han emitido 20 recomendaciones por desaparición forzada dirigidas a 41 autoridades diferentes, además de cinco por violaciones graves a derechos humanos por este mismo delito a 10 autoridades.

Entre las instancias señaladas están sobre todo los cuerpos dedicados en los dos sexenios anteriores a la seguridad pública: el Ejército, la Marina, la Policía Federal, las corporaciones estatales y federales; además, por inadecuadas indagatorias han sido requeridas la Procuraduría General de la República (hoy fiscalía) y algunas estatales.

“La crisis de derechos humanos se expresa en diferentes temáticas. Todas son muy dolorosas, pero el nivel de frecuencia de las desapariciones es el que se expresa en estos números, además, en la incertidumbre de las familias que no conocen el paradero de sus seres queridos y en la impunidad.

Pero los niveles de violencia en el país generan que no se puedan ejercer a plenitud los derechos de la ciudadanía y ahí se expresan otras violaciones graves a garantías como los feminicidios, los asesinatos de periodistas y defensores, la situación del sistema penitenciario, sobre todo en cárceles estatales, o las condiciones que enfrentan las personas en el contexto de migración, afirmó el ombudsman.

Se requiere de voluntades políticas porque ha imperado la impunidad, pero el Estado no puede renunciar a su capacidad investigadora.