uevamente la vocación xenofóbica y la búsqueda de rentabilidad electoral del gobierno trumpista vulneran los derechos humanos de la población migrante, amenazan la estabilidad económica de México, ponen en riesgo el acuerdo comercial trilateral y trastocan los propios equilibrios institucionales en el país de origen de la marea ultraderechista, Estados Unidos.

El más reciente capítulo de la embestida neofascista en contra de nuestro país y el subcontinente latinoamericano es la amenaza del presidente estadunidense de cerrar los 3 mil kilómetros de frontera entre nuestros países al tránsito de personas y mercancías, además de no concluir y dar vigencia al llamado TMEC, sucedáneo del TLCAN.

El costo de cerrar la frontera sería lesionar la vida ordinaria de miles de personas que de manera cotidiana ingresan a territorio estadunidense y la cancelación del acuerdo comercial afectaría un mercado global de comercio regional entre los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, superior a los 2 mil 600 millones de dólares diarios, de los cuales México exporta mil millones.

Para bloquear la frontera tendría que iniciarse la construcción del inefable muro, usando los instrumentos que otorga al gobierno estadunidense la Ley de Emergencia Nacional, una normatividad pensada para verdaderos casos de crisis en ese país, que justifican el uso de facultades extraordinarias del titular del Poder Ejecutivo, condiciones que no se encuentran presentes hoy, ni de lejos, a juicio de las principales figuras del establishment estadunidense, incluidas destacados personajes del partido en el gobierno, y según la opinión de especialistas en la materia.

Se trata de un estatuto que el Congreso estadunidense aprobó en 1976 y que permite a los presidentes declarar estados de excepcionalidad, que les confieren mayores facultades, pero no legislativas y mucho menos en un tema tan sensible para la división de poderes como la redacción del presupuesto de egresos.

Con la declaración de emergencia nacional el presidente pretende allegarse de recursos para el muro más allá de mil 400 millones que el Congreso aprobó para el rubro general de seguridad fronteriza. El decreto de emergencia le permitiría al ejecutivo disponer de recursos del Pentágono y de otras partidas sin la autorización del Congreso.

Pero tan hay rechazo al decreto del presidente Trump, que, como es del dominio público, ambas cámaras del Congreso votaron en contra de la aplicación de esa normatividad de excepción.

La Cámara de Representantes votó ese decreto el 26 de febrero con 245 votos en contra –13 de ellos republicanos– frente a 183 que avalaron la iniciativa presidencial. Dos semanas después, el 13 de marzo, el Senado aprobó con 59 votos a 41 una resolución para revocar la aplicación de la citada ley.

En un hecho inédito, 12 senadores republicanos se unieron a la resolución impulsada por los demócratas para anular el decreto. Cuatro de ellos, Susan Collins, Lisa Murkowski, Thom Tillin y Rand Paul, anunciaron desde el principio que votarían en ese sentido.

La declaración de ese estado de excepcionalidad constitucional no tiene pues ningún sustento, y por eso encontró la oposición férrea no sólo de los representantes y senadores demócratas, sino también de muchos legisladores republicanos.

Desafortunadamente para la causa de los derechos humanos y un mundo abierto, la Cámara de Representantes no pudo reunir, el 26 de marzo, la mayoría calificada para invalidar el veto presidencial y mantener la anulación del decreto de aplicación de la ley de emergencia nacional.

También se han pronunciado en contra, y llevado su inconformidad al ámbito judicial, un grupo de 16 estados, entre ellos California, Nueva York y Colorado, que interpusieron una demanda para impugnar la declaración de emergencia. El argumento medular de la demanda presentada en una corte federal de San Francisco es que el decreto que otorga facultades extraordinarias para disponer discrecionalmente del presupuesto, y que podría afectar las partidas para los estados, es inconstitucional.

En los hechos, todos los detractores coinciden, es una crisis artificial: el presidente sobredimensiona lo que pasa en la frontera sur para incidir en los temores y prejuicios de su base electoral, con el objetivo de que se vea intransigente, implacable, en el combate a una emigración al alza y a un crimen ascendente que, en su realidad paralela, sólo él y sus principales asesores observan.

El motivo real para amenazar con el cierre de la frontera, iniciando la construcción del muro de la ignominia, y la cancelación del acuerdo comercial trilateral, es una estrategia electoral de coyuntura, no una decisión sustentada en datos duros, pues el flujo de inmigración ilegal ha descendido y el crimen violento ha estado disminuyendo de manera sostenida los años recientes.

Ante esta nueva embestida conservadora contra nuestro país, propiciada por el interés de incidir en las elecciones presidenciales del próximo año, la unidad y la defensa de la dignidad nacional, que no significan confrontación ni sumisión, son una necesidad impostergable que trasciende fronteras ideológicas.

* Presidente de la Fundación Murat