Un rezago de 43 mil solicitudes de vivienda popular sin atender enfrenta el Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México, que se han acumulado desde 2006 porque el anterior gobierno todo lo hacía tema electoral y nada más apoyaba a los que eran de su partido y si no lo eras no se hacía, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La mandataria afirmó que eso se acabó y se hará justicia porque en su administración ningún programa estará sujeto a cuestiones electorales: Quien quiera participar en una elección que haga su campaña, pero no se puede hacer uso de los recursos de gobierno para la clientela política.

Durante el acto de entrega de 650 escrituras individuales y 461 créditos del programa de mejoramiento de vivienda, dijo que en el Invi había enraizada una cadena de corruptelas tremendas que está costando mucho trabajo limpiar, la cual estaba vinculada a organizaciones que decían que aportaban a la vivienda y luego vendían los departamentos en los avisos oportunos de los periódicos.

No se puede de la noche a la mañana, desafortunadamente, pero estamos limpiando esas prácticas y el Invi se va a transformar en un instituto que apoya a la gente, no a las organizaciones, el apoyo tiene que ser directo a la ciudadanía.

El director del Invi, Pedro Sosa, dijo que se revisan las 43 mil solicitudes de vivienda popular, pues se calcula que alrededor de 50 por ciento ya se desistieron o por algún motivo no continuaron con el trámite.

Anunció que se abrió la bolsa para nuevos registros, en los que los capitalinos podrán hacer el trámite sin intervención de las organizaciones promotoras de vivienda. La ventaja es que en lugar de tener una cuenta mancomunada con los grupos, lo pueden hacer directamente con la institución, ir ahorrando y acumular intereses para cuando haya la posibilidad de construir ya tengan los recursos.

Adelantó que se alistan nuevas reglas de operación en las que uno de los cambios principales es que no se podrán hacer cambios a los padrones que anteriormente hacían los gestores como una medida de presión para quienes no les entregaban las cuotas o no participan en marchas.

En el acto, María Elena Rodríguez, una de las beneficiarias, detalló que le llevó 11 años adquirir su casa, ubicada en el pueblo Santiago Atzacoalco, a través de una organización que les pedía apoyos y acudir a las marchas.

La verdad sí fue un poquito complicado, pero desde hace tres años tengo mi casa y desde ahora mis escrituras, aunque todavía sigo pagando mi crédito de 490 mil pesos.