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Se sancionará de forma implacable

Vigilará INE recursos de programas sociales en estados con elecciones
 
Periódico La Jornada
Viernes 12 de abril de 2019, p. 18

Las secretarías de Bienestar, de la Función Pública y de Gobernación firmaron un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para transparentar el uso de recursos de programas sociales durante toda la administración federal para garantizar que en las elecciones de este año, y las subsecuentes, no se usen para beneficiar a un candidato o un partido político.

Como parte del convenio, la Secretaría del Bienestar, la cual está a cargo de la mayor cantidad de programas sociales del gobierno federal que se aplican en todo el país, pondrá a disposición de las autoridades electorales la información relacionada con la aplicación de apoyos en los seis estados donde habrá comicios, las reglas de operación de dichos programas y el mecanismo para su reparto.

También entregará la lista del personal responsable de su aplicación en las distintas entidades y el padrón de beneficiarios.

Reafirmamos que durante los procesos electorales que se llevarán a cabo, este y los siguientes años, se fortalecerán los mecanismos de control para el ejercicio transparente y correcto de los recursos públicos, indicó María Luisa Albores, titular de Bienestar, durante la firma del convenio en la sede del INE.

La prevención y el control de los programas sociales adquiere especial importancia en el ámbito electoral, sostuvo el consejero presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien recalcó que el desvío de dichos recursos no sólo es ilegal, sino que vulnera los derechos de la población, ya que este tipo de acciones están encaminadas a la población de menores recursos en el país.

Afirmó que el órgano electoral será implacable en la aplicación de las sanciones que corresponda.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien fungió como testigo de la firma del convenio, señaló que con esto, el gobierno federal ratifica su voluntad y decisión para desterrar de la competencia electoral cualquier influencia o injerencia indebida o ilegal de servidores públicos.