Nueva York. Tal como había advertido Wikileaks desde que su director, Julian Assange, pidió asilo en la embajada de Ecuador en Londres, hace casi siete años, el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición tras ser arrestado este jueves en Londres.

El directivo enfrenta la acusación criminal de conspirar para cometer intrusión de una computadora del Pentágono, como parte de la filtración masiva de documentos oficiales clasificados en 2010, lo cual provocó de inmediato denuncias de algunos –no todos– defensores de la libertad de prensa en este país.

El cargo federal de conspiración para ingresar ilícitamente a una computadora federal clasificada fue formulado en secreto por un gran jurado en Virginia en marzo de 2018, aunque la existencia de una acusación penal contra Assange fue revelada accidentalmente por el Departamento de Justicia al mencionarlo en torno a otro caso no relacionado.

La pena máxima para ese delito es hasta de cinco años de prision, pero no se descarta –y algunos ya esperan– que el gobierno estadunidense formule cargos adicionales en el futuro.

De hecho, se sabe que un gran jurado continúa evaluando esa posibilidad, ya que Chelsea Manning, quien fue la fuente de la filtración a Wikileaks de cientos de miles de documentos oficiales de los departamentos de Defensa y de Estado, por lo cual cumplió siete años de prision, está nuevamente encarcelada –padeciendo incluso aislamiento solitario– por negarse a cooperar como testigo ante esa instancia.

El cargo, revelado ayer en la acusación formal presentada públicamente por el Departamento de Justicia contra Assange, es haber trabajado con Manning en marzo de 2010, cuando era un analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos, para ingresar a una red de computación del Departamento de Defensa, a fin de obtener documentos oficiales secretos.

El cargo no es, como algunos esperaban, por violaciones a leyes de espionaje ni otras que implicarían un asalto a las supuestas garantías constitucionales de libertad de prensa. La acusación no es por la publicación de documentos obtenidos de manera no autorizada, sino sólo por el intento de hackeo de esos documentos.

Sin embargo, críticos indican que esto es sólo una manera de perseguir a Assange por otro lado, buscando evadir el conflicto legal y constitucional que provocaría un cargo contra la publicación de los documentos.

Vale recordar que durante años, el gobierno de Barack Obama investigó a Assange y Wikileaks sólo para concluir que no buscaría presentar cargos por la divulgación y publicación de esos documentos, ya que eso implicaría la criminalizacion de una actividad periodística y obligaría perseguir, con esa lógica, también al New York Times, el Washington Post y hasta publicaciones extranjeras, como The Guardian (e incluso a medios como La Jornada), entre otros que colaboraron con Wikileaks para publicar esos materiales.

Diversos defensores de la libertad de prensa y libertades civiles, entre ellos varios periodistas, denunciaron el arresto y posible extradición de Assange. Algunos reiteraron que es perseguido sólo por hacer una labor periodística protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión, al divulgar datos sobre actividades militares y diplomáticas de Washington, incluyendo algunas que fueron posibles crímenes de guerra, como el asesinato de civiles, entre ellos dos periodistas de Reuters en Irak.

La Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) declaró que la fiscalización de Assange en Estados Unidos por las actividades de Wikileaks en publicar información serían acciones sin precedente e inconstitucionales, y abrirían la puerta a investigaciones criminales de otras organizaciones noticiosas.

La Fundacion de Libertad de la Prensa alertó que la acusación implica la criminalizacion de muchas interacciones comunes entre periodistas y sus fuentes y que este cargo representa una amenaza seria a la libertad de prensa y debería ser rechazada vigorosamente por todos aquellos a quienes importa la Primera Enmienda.

El Comité para la Protección de los Periodistas no denunció el arresto, pero expresó su profunda preocupación por las implicaciones potenciales para la libertad de prensa que emanan de esta acusación.

No es mi asunto: Trump

El presidente Donald Trump declaró hoy ante la noticia del arresto: “no sé nada sobre Wikileaks. No es mi asunto”. Aparentemente se olvidó de que durante su campaña mencionó a esa organización en múltiples ocasiones (por lo menos 141, según Politico), diciendo frecuentemente “amo a Wikileaks” en 2016, cuando el portal estaba divulgando los correos del Comité Nacional Demócrata que avergonzaron la campaña de Hillary Clinton.

Por ello, no sólo republicanos, sino demócratas, festejaron el arresto de Assange. El senador demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité Selecto sobre Inteligencia, comentó que se ha vuelto “un participante directo en esfuerzos rusos para minar Occidente… y la seguridad de Estados Unidos”. Agregó que espera que sea entregado a las autoridades estadunidenses lo más pronto posible para enfrentar la justicia que merece.

Pero el arresto de Assange obviamente es un trofeo para el régimen de Trump. Cuando Mike Pompeo era director de la CIA –antes de asumir su puesto actual como secretario de Estado– dejó claro que una de sus prioridades era capturarlo. Calificó a Wikileaks como un servicio de inteligencia no estatal hostil y una amenaza a la seguridad nacional. El entonces procurador general, Jeff Sessions, dijo que se comprometía en detenerlo.

Un año después de formular el cargo criminal para proceder hacia su meta, ayer lograron iniciar un proceso que esperan culminará con Assange ante un tribunal en Estados Unidos.