Chihuahua, Chih., La intervención del gobernador panista Javier Corral Jurado en la selección de magistrados estatales fue legal por una reforma al artículo 101 de la Constitución local que impulsó y aprobó la mayoritaria bancada del Partido Acción Nacional (PAN) el 20 de abril de 2017, seis meses y medio después de que el mandatario asumió el poder, el 4 de octubre de 2016.

El gobernador reiteró ayer que no hay nada ilegal en su intervención en la selección o en las entrevistas que tuvo con los aspirantes sin que la convocatoria del concurso de oposición lo estipulara, y tampoco la línea que dio a los diputados locales –quienes se limitaron a ratificar los nombramientos– porque así lo permiten los cambios a la Carta Magna de Chihuahua.

En junio del año pasado Javier Corral conoció las ternas que integró el Consejo de la Judicatura del estado y eligió a los titulares de tres salas penales, dos salas civiles y dos salas familiares del Tribunal Superior de Justicia de entre 21 aspirantes surgidos de una selección impugnada ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y que derivó en al menos 10 recursos presentados ante jueces de distrito.

El gobernador se entrevistó en su despacho con los candidatos a magistrados porque la convocatoria no regulaba su intervención en el proceso; además, el artículo 101 de la Constitución local es ambiguo sobre la participación del Poder Ejecutivo en la designación de los magistrados.

El punto octavo de las bases del proceso de selección señalaban: Los aspirantes deben abstenerse de hacer gestiones en su favor ante los poderes Legislativo o Ejecutivo del Estado, pero el punto 14 deja a la interpretación del gobernador la posibilidad de entrevistarse con los aspirantes, lo que permitió que éstos negociaran con el mandatario sus candidaturas.

El decreto número LXV/RFCNT/0301/2017 II P.O, aprobado en abril de 2017, reformó y derogó diversas disposiciones para permitir que el gobernador designe a los magistrados.

En abril del año siguiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió la designación del magistrado Julio César Jiménez Castro como presidente del Tribunal Superior de Justicia y otros cambios que otorgaban facultades extraordinarias al Consejo de la Judicatura y que fueron parte de la reforma de Javier Corral y Acción Nacional al Poder Judicial local.