El veto del presidente Andrés Manuel López Obrador a tres farmacéuticas que ganaron más contratos durante el sexenio pasado es una decisión correcta, pues de esa forma se puede iniciar una investigación que defina si esos contratos fueron obtenidos de manera ilegal, señaló la investigadora universitaria Genoveva Roldán.

El procedimiento que se ha hecho es el correcto. El texto del Presidente a la Secretaría de Hacienda dice que por el momento se detengan las adjudicaciones directas a estas empresas hasta que se sepa si hubo o no en esas operaciones algún tipo de corrupción o tráfico de influencias mediante una investigación de la Secretaría de la Función Pública, detalló.

La investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México apuntó que López Obrador se está ateniendo al artículo 28 de la Constitución Política mexicana, que señala que los monopolios y las prácticas monopólicas están prohibidas, que es un aspecto poco observado en la realidad.

Agregó que un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional demuestra que la acumulación de poder de las empresas más grandes debilita la inversión, disuade la innovación y dificulta la estabilidad macroeconómica, por lo que debe ponerse límite a su influencia en aras del interés público.

Aunque admitió que no hay quejas contra las empresas vetadas y que vender en grandes cantidades no es ilícito, señaló que el hecho de haber acaparado más de 60 por ciento de los contratos de abastecimiento de medicinas ya es un hecho que llama la atención y merece ser investigado para definir si se trata de un monopolio.