El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados para agilizar la indemnización a víctimas de violaciones a derechos humanos es destacable, consideró el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín.

Sin embargo, dijo que los legisladores no tienen claro que la lentitud se da en el proceso previo, no una vez que se ha determinado la compensación a los agraviados.

La reforma señala que a partir de que la CEAV determina que procede la reparación, tiene 120 días para el pago de la indemnización, pero en realidad los problemas no están ahí; una vez que se aprobó la compensación, el pago lleva de dos a tres semanas. La cuestión pendiente en realidad es la agilización de los procesos pendientes de reparación, destacó Rochín en entrevista con La Jornada.

Subrayó que el organismo a su cargo tiene más de mil solicitudes en proceso que no se han podido apurar debido a trámites burocráticos que asienta la propia Ley General de Víctimas.

Cifras de la CEAV muestran que en tres años se han ejercido mil 200 millones de pesos del fondo para compensaciones y apoyos, periodo en el que mil 134 personas fueron compensadas, a lo que se destinaron 780 millones, el resto se erogó en apoyos como traslados, hospedajes y gastos para renta, entre otros, para los afectados.

En tanto, dijo, las solicitudes pendientes o en trámite suman mil 94. Aunado a ello, el presupuesto para tal fin comienza a agotarse, pues la comisión ya sólo cuenta con 583 millones en dicho fondo; de acuerdo con el artículo 132 de la Ley General de Víctimas, el Estado está obligado a garantizar los recursos suficientes para las indemnizaciones y ayudas.

Pero a la vez, planteó Rochín, la misma norma debe modificar los procesos para que las víctimas accedan a esos recursos. Puso de ejemplo que en el caso de salud, la legislación asienta que el problema debe tener relación directa con el hecho victimizante. Es decir, si la madre de una persona desaparecida sufre diabetes o algún tipo de cáncer producto de la ausencia de su familiar, es complicado para los especialistas comprobar la relación directa, por lo que los procesos se dificultan.

Reconoció los esfuerzos de los diputados para agilizar los procesos. Sin embargo, dijo, se deben analizar todas las aristas, como el impulsar reparaciones colectivas. Hay casos donde un mismo hecho genera varias víctimas: guerra sucia (cientos), Nochixtlán (más de 100) o Ayotzinapa (más de 700 directas o indirectas). Eso, enfatizó, agilizaría las indemnizaciones.