El general brigadier Eduardo León Trauwitz, ex funcionario de seguridad de Pemex, señaló que ha vivido meses de angustia luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de su probable responsabilidad en el robo de hidrocarburos a la paraestatal.

Ayer, una juez federal difirió para el 17 de mayo la audiencia inicial de imputación contra 21 funcionarios de Pemex señalados por el mismo delito, lo cual hasta el momento no se había dado a conocer a algunos.

También ordenó al Ministerio Público (MP) dar visita a la Fiscalía Anticorrupción para que abra una carpeta de investigación contra quien resulte responsable, con el propósito de indagar la posible filtración de datos personales de los probables responsables.

En una caótica diligencia, los abogados acusaron a la FGR de no entregar a los acusados los 16 tomos completos de la investigación. Afortunadamente, mi defensa tiene información muy importante, pero no contaban con la última carpeta, y por eso nos vamos a otro mes (...) he vivido meses de angustia, comento Trauwitz después de la audiencia.

La diligencia, que duró poco más de dos horas, se retrasó por acomodar a 19 de 21 implicados y sus respectivos abogados, quienes luego se enfrascaron en acusar a la fiscalía de entregarles sólo 11 o cinco tomos de la investigación. Incluso, hubo quien reclamó que sus clientes ni siquiera conocían el expediente.

En entrevista, el general brigadier expresó que van a esperar a la siguiente audiencia para saber de qué lo acusan. Son muchos datos técnicos. Es una indefensión total. Agregó que sus cuentas continúan congeladas a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Afortunadamente, en la Secretaría de la Defensa Nacional me están pagando en efectivo mi salario. Vamos a esperar a ver de qué nos acusan, reiteró. Asimismo, dijo tener la esperanza en que no sea un asunto político.

Por su parte, el abogado Emanuel Rábago, quien defiende a otro de los trabajadores de Pemex, aseguró que hay mandos superiores de la petrolera que serían responsables de la filtración de la identidad de los 21 involucrados, violando la presunción de inocencia.

Para la juez de control de procesos penales federales, con sede en el Reclusorio Sur, Angélica Lucio Rosales, el MP federal incumplió con el deber de entregar copias de la carpeta de investigación y con el principio de igualdad de las partes, porque hubo falta de lealtad para para que tuvieran derecho a una defensa adecuada.

Dio plazo de cinco días hábiles para que la fiscalía entregue los tomos digitales y 15 para que lo haga en copias impresas; de lo contrario se aplicará una multa de 100 Unidades de Medidas de Actualización y se dará vista a su superior jerárquico. Asimismo, debe informar dos días antes de la próxima audiencia si se actualizó el expediente.