a legitimidad de los movimientos derivados de redes sociales está llamada a revisión con el suicidio del notable artista Armando Vega-Gil, pero las implicaciones de tal desgracia inciden en la dicotomía derecho-justicia.

Una denuncia anónima de abuso sexual o violación, cuando no se precisan lugar, modo, y fecha de ejecución, carece de los elementos para su investigación y para su judicialización por la imposibilidad de ser ratificarla, de ser investigada, de declarar al denunciante, de hacer el examen médico respectivo y demás trámites ante la autoridad investigadora. En el caso que no estuviera prescrito el hecho denunciado.

Los movimientos de redes sociales en que se reivindica a las víctimas anónimas inciden en lo extrajudicial. Si en su momento las comisiones de derechos humanos buscaban apelar al peso moral, ético, de honor, de sus resoluciones, las autoridades nacionales fueron diluyendo esa fuerza. Hoy las comisiones de derechos humanos son vistas por la población como una extensión del Estado, no como un ente capaz de vigilar con firmeza las acciones estatales estimadas como indebidas. Si la vía judicial no es confiable, si la queja ante las comisiones de derechos humanos tampoco es opción para las nuevas generaciones, la inconformidad social busca vías para expresarse.

Falta información para calificar el suicidio del artista, pero destaca el peso aplastante que tuvo en él una denuncia anónima, judicialmente intramitable. Tal hecho, ya histórico, evidencia sin duda que los caminos oficiales no resultan satisfactorios para un alto porcentaje de víctimas. La reforma penal no sirvió para disminuir la delincuencia ni para hacer confiable la vía judicial. Las promesas de cambio de paradigma, de erradicación de la corrupción, tampoco han servido para ello: falta tanto por hacer que el Senado ha propuesto la creación de una Sala especializada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La infausta muerte de un usuario de las redes es un llamado de atención para un estado que antepone las necesidades inmediatas de la población al desarrollo de programas oficiales de largo plazo. La supuesta víctima anónima y el supuesto victimario aplastado han evidenciado que la fuerza del control, resarcimiento y sanción, en casos de violencia sexual, se aleja de los caminos del Estado.