or si alguien tuviera duda, queda claro que, en los hechos, el subsidio fiscal que el gobierno federal aplica a los precios de las gasolinas y el diésel no ha beneficiado a los consumidores, sino a los empresarios gasolineros que, mediante dicho mecanismo, acrecientan su margen de ganancia.

Los funcionarios de Hacienda podrán decir misa, en el sentido de que tal subsidio se aplica regularmente y con un fin específico, pero en la práctica los precios al consumidor no han dejado de aumentar (y con ello su irremediable repercusión en toda la economía), especialmente a partir del mega gasolinazo de enero de 2017 y la liberación de febrero del mismo año (cortesía del gobierno peñanietista).

Cuando esto último sucedió, en la Ciudad de México el litro de gasolina Magna se vendía al consumidor en 15.99 pesos; el de Premium a 17.79 y el del diésel a 17.05. Dos años después, se incrementaron a cerca de 21, 22 y 21.78 pesos, respectivamente, con un aumento en el periodo de 31, 24 y 23 por ciento, en cada caso.

Lo mejor del caso es que la inflación oficial en el periodo citado fue cercana a 10 por ciento, alrededor de la mitad, y en algunos casos una tercera parte, de los incrementos a los precios de los combustibles, con todo y subsidio.

¿Por qué aumentan los precios de las gasolinas y el diésel si el gobierno federal aplica subsidios para evitar, según esto, su incremento? Bueno, en la mayoría de los casos, por no decir todos, los empresarios gasolineros simple y sencillamente suman tal subsidio a sus ganancias, y el consumidor es el quien paga el cochinero. El dinero, pues, se queda en los bolsillos de los señores de cuello blanco.

En la mañanera de ayer el presidente López Obrador dijo que “se está cumpliendo con el compromiso de que no aumenten los precios de los combustibles, pero son dos momentos: el precio que vende Pemex es el que podemos nosotros controlar y el precio que venden las gasolineras, que ahí es donde no tenemos un buen mecanismo de control, por eso lo planteamos y por eso va a ayudar mucho la competencia, y que se sepa quién es quién en los precios de los combustibles.

Sí hay abusos. Pemex baja el precio, y en vez de bajar sube al consumidor en la gasolinera. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver entre todos. No hay que verlo cómo una acción autoritaria (las estaciones de servicio del Estado propuestas por el mandatario); el gobierno tiene que proteger a los consumidores, más si se está en un esfuerzo de que no aumenten los precios. No hablamos de que (los empresarios del ramo) no tengan utilidad; planteamos que no abusen.

La propia Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advierte que uno de los determinantes del precio al público, tras la liberalización de este, es el margen de ganancia del gasolinero. A mayor número de estaciones de servicio, se esperaría que éstas compitan en precios, disminuyendo su margen, y por tanto el precio de venta al público, buscando aumentar sus ventas totales a través de incrementos en el número de litros vendidos. Así, el número de estaciones de servicio es un indicador del nivel de competencia en este último eslabón de la cadena de valor.

Actualmente hay más de 12 mil gasolineras en el país, pero, de acuerdo con la Cofece, resultan insuficientes, para que la tasa de densidad de estaciones de servicio por habitante sea similar a la de otros países con extensión territorial y/o desarrollocomparable con México, como es el caso de Brasil.

Hasta ahora, existen diez grupos gasolineros que, oficialmente, suman alrededor de 2 mil estaciones de servicio, y solo tres de ellos concentran cerca de la mitad, y contando.

Las rebanadas del pastel

Haberlo dicho antes: la diminuta cuan vergonzosa lectura de la historia por parte del gobierno español (cortesía de Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores) minimiza el devastador efecto de la Conquista (pura leyenda negra, dice) y atribuye ese vandálico capítulo a una guerra civil entre indígenas. ¡Qué miserable!

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