a visita de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, debe leerse como un signo de oportunidad frente a los gobiernos anteriores que habían rechazado visitas y recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Es también una afortunada reafirmación del compromiso de su oficina para con las víctimas y con quienes, ya sea desde la sociedad civil o desde el gobierno, buscan abrir grietas desde la perspectiva de los derechos humanos para superar este momento de país.
Atinadamente, y luego de su recorrido por puntos álgidos donde la desaparición campea, la experta apuntó que hay cambios que son urgentes y que el actual gobierno debe resolver obligadamente para salir de la crisis. Reconoció, sí, la existencia de leyes para abordar cada una de las problemáticas, pero también advirtió de los retos en su efectiva implementación. Además, la Alta Comisionada no dejó de enfatizar que los acuerdos firmados con el gobierno serán supervisados rigurosamente para celebrar avances y alertar posibles incumplimientos.
Los llamados y propuestas de la experta son coincidentes con lo que las organizaciones de la sociedad civil, las propias víctimas organizadas y otras instancias internacionales han señalado como prioridades, y tienen que ver con la vinculación entre verdad, justicia y garantías de no repetición. Sin duda, la desaparición ocupó uno de los lugares preponderantes en la atención de la Alta Comisionada por su peso cuantitativo y cualitativo, incluyendo el estrujante dolor que le transmitieron las víctimas.
Una de las prioridades marcadas es la creación de un mecanismo extraordinario de identificación ante las altas cifras de cuerpos–hasta 26 mil, de acuerdo con el Gobierno federal– que yacen anónimos en fosas comunes y servicios forenses; esta propuesta se conecta con la creación de un Instituto Nacional Forense y con la unificación de las bases de datos ante mortem y post mortem, un reclamo del movimiento de víctimas que es decisivo para dar certidumbre a miles de personas. Las familias lo han señalado siempre: su prioridad es encontrar a sus seres queridos en desaparición, para de ahí partir a conocer la verdad de lo sucedido y poder reclamar justicia.
No está de más recordar que, apenas en semanas anteriores, el Gobierno federal hizo un relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda y otras medidas establecidas en la Ley General de Desaparición, que a pesar de ser un logro de las víctimas desde 2017, no fue instrumentada con un presupuesto ínfimo sino hasta apenas en octubre del año pasado. Estas medidas son urgentísimas ante el drama humano de la desaparición que, como señaló la Alta Comisionada, no se ha detenido y supera ya las 40 mil víctimas.
Hay otra arista del proceso de justicia para las personas desaparecidas que fue evidente durante la visita de la Alta Comisionada, y se refiere a que el Estado mexicano sigue sin reconocer la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED) para conocer de casos individuales ocurridos en México. Tanto las víctimas como la propia Bachelet refirieron la importancia de que las familias tengan abierta esa puerta de la justicia internacional, pero hasta el momento el Gobierno sigue renuente a permitir que ese derecho sea ejercido. No podemos dejar de señalar la paradoja de que por un lado haya señales de querer implementar una política pública para atender el problema, pero, por otra parte, inexplicablemente se cierre a las víctimas una de las posibilidades de justicia que es más efectiva en contextos de alta impunidad nacional y que puede traer beneficios estructurales y extensivos.
Además de los temas dedicados a la desaparición, Bachelet también tocó el punto central en el combate a la impunidad: la construcción de la Fiscalía General de la República como una institución autónoma, capaz de investigar fenómenos criminales complejos y con prioridad a la investigación de las graves violaciones a derechos humanos. La impunidad es la clave de la repetición de los fenómenos violentos que padecemos y, sin fiscalías independientes, eficientes y dotadas de todos los recursos necesarios, seguiremos inmersos en un círculo sin salida. La Alta Comisionada no dejó de señalar que también está pendiente el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y del fiscal para el caso Ayotzinapa, tema al que dedicó especial atención por su carácter emblemático. El actual Gobierno federal tiene aquí uno de los principales retos para la forma en que la ciudadanía vive cada día la justicia.
El acatamiento de las recomendaciones hechas en el Examen Periódico Universal (EPU) de derechos humanos al Estado mexicano y las que se deriven de su próxima comparecencia ante el Comité Contra la Tortura, ambos de la ONU, serán un termómetro más del compromiso del Gobierno actual con el ejercicio de los derechos humanos. Otra medida vendrá de la forma en que se actuará ante las previsibles consecuencias negativas que tendrá el afianzamiento del modelo militarizado de seguridad.
Es de agradecerse la centralidad que se dio a la palabra de las víctimas en la corta pero intensa agenda de la Alta Comisionada, quien comenzó su mandato en septiembre de 2018. El asombro de la ex presidenta de Chile ante las cifras y los testimonios, a pesar de ser ella misma sobreviviente de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en su país, nos llama a no pensar que son cosa de una época pasada los elevados índices de homicidios y las decenas de miles de desapariciones que siguen azotando a la práctica totalidad del territorio y que suman a centenares de miles de víctimas para quienes el dolor no ha cesado.
* Rector de la Ibero Puebla
