Con la firma del convenio que permite la asistencia técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, el gobierno federal comienza a concretar la nueva etapa en el proceso que pretende conducir a la verdad y la justicia de esos hechos.

Así lo sostuvo el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, organización que ha acompañado a las familias de los normalistas.

Aseveró que esta nueva fase consta de tres puntos elementales, dos de ellos ya se han cumplido: la comisión presidencial para la verdad y la justicia, y la asistencia técnica internacional (en la que participarán tanto la ONU-DH, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

El punto pendiente, dijo, es que se concrete un esquema fundamental: la renovación de las instancias en la Fiscalía General de la República que investigan y dan seguimiento a los crímenes de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La fiscalía heredó la estructura de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR). Tenemos básicamente la misma oficina que dio seguimiento al caso, la cual fue creada por el anterior gobierno sin ninguna certeza jurídica y con algunas limitantes. Por eso es importante que haya un ejercicio de renovación en el diseño de la instancia especializada. Una vez que eso se dé, tendríamos nuestras tres bases para la nueva etapa del caso y esperamos que a partir de esas condiciones se avance muy rápidamente.

Indicó que el informe más acabado sobre las torturas de los presuntos responsables que se encuentran detenidos es el de la ONU-DH, pues la investigación sobre estos abusos y los hechos en general realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dejó mucho que desear.