Ciudad Juárez, Chih., Matilde del Carmen González Barbosa, juez décima de distrito, otorgó un amparo a Laura Velia Mendoza Luján, quien hasta 2018 era juez estatal en materia penal y supuestamente no aprobó los exámenes aplicados por el Consejo de la Judicatura Estatal (CJE).

La juzgadora federal otorgó un amparo que ordena la restitución inmediata de Mendoza Luján, juez provisional desde 2007, quien fue separada del cargo luego de un cuestionado proceso de selección de 56 jueces locales y siete magistrados. El amparo otorgado por González Barbosa determinó que el proceso de selección y evaluación no fue adecuado en el caso de Mendoza Luján.

La resolución del amparo dice: “En consecuencia, se deja insubsistente la convocatoria CJE/002/2018 del pleno del CJE, publicada el 24 de marzo de 2018 en el Periódico Oficial de Chihuahua para la ocupación, a través de un proceso de selección, para ingreso y adscripción de 56 plazas disponibles de jueces de primera instancia con carácter definitivo de diversas materias en los diferentes distritos judiciales en que se divide el estado y sus modificaciones respectivas.

Asimismo, se deja insubsistente el acuerdo del 20 de agosto de 2018 del pleno del CJE, mediante el cual se designaron a los jueces de primera instancia vencedores y se asignaron las plazas de jueces de primera instancia concursadas mediante dicha convocatoria.

El amparo contraviene todo el proceso de selección de jueces, pero sólo invalida la selección de una de los 56, pues la solicitud refiere al caso particular de Laura Mendoza, a quien no debieron destituir porque tenía más de tres años como juez provisional.

Al menos 11 amparos similares se han interpuesto contra la convocatoria y el concurso de oposición para elegir a los jueces. En uno de los casos el CJE negoció con el quejoso y logró que se desistiera. A la fecha subsisten al menos ocho recursos contra la designación de jueces.

Dicho proceso fue iniciado en mayo del año pasado por Luz Estela Castro Rodríguez, integrante del CJE designada por el gobernador panista Javier Corral Jurado, quien enfrenta una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua por presunta manipulación de resultados de los exámenes.

La querella fue presentada por Joaquín Sotelo Mesta, también integrante del CJE, pero nombrado por el Congreso local, quien acusa a Castro Rodríguez de cambiar a último momento la institución que aplicaría el examen.

La Universidad Autónoma de Chihuahua iba a ser la encargada de aplicar las pruebas, pero la ex activista Luz Estela Castro instruyó que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez realizara las evaluaciones y que ella recibiera directamente los resultados.

Sotelo Mesta interpuso la denuncia contra quien resulte responsable por la presunta manipulación del resultado de los concursos de oposición CJE/002/2018 y CJE/003/2018, al existir temor fundado de que los resultados de los exámenes teóricos de las convocatorias no sean los que se obtuvieron en los términos en que se dieron a conocer al Consejo de la Judicatura en el caso de la selección de dos jueces de lo familiar, 13 civiles y 39 penales durante 2018.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua informó que requirió al CJE todos los documentos relativos al proceso de selección de jueces y magistrados, en respuesta a la denuncia penal interpuesta por Sotelo.

Un grupo de abogados del estado pidió la destitución de los jueces y magistrados nombrados presuntamente de manera irregular por el Poder Judicial.

Los litigantes, encabezados por Martín Aguilar Perón, advirtieron que el gobierno y el Poder Judicial tienen hasta el 25 de abril para presentar un informe que aclare cómo se llevó a cabo la selección de jueces y magistrados, porque la Ley de Transparencia los obliga. En tanto, el portal de transparencia del Tribunal de Justicia del Estado está fuera de servicio.

Martín Aguilar dijo que 350 abogados de la entidad interpusieron un amparo a fin de exigir que el Poder Judicial y el gobernador Javier Corral expliquen cómo se llevó a cabo la selección de jueces.

Aseguró que hubo irregularidades y compadrazgos, por lo que solicitaron toda la información del proceso al amparo de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

(Con información de Jesús Estrada, corresponsal)