En total, 25 mil funcionarios presentaron recursos de amparo en contra de la reducción salarial que establece la Ley Federal de Percepciones de los Servidores Públicos; todos ellos lo hicieron mediante mil 599 demandas que se recibieron en instancias del Poder Judicial de la Federación.

Hasta el momento no hay fecha definida para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda comenzar la discusión de las controversias y acciones de inconstitucionalidad plantea-das en contra de esa legislación y, con ello, se establezca la definición jurídica que habrán de asumirlos juzgados y tribunales ante las demandas de amparo.

Entre los solicitantes de protección hay servidores públicos de or-ganismos financieros, de instituciones que se encargan de investigación en seguridad nacional, educativos y hasta de Bellas Artes.

De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al corte del 15 de marzo se han presentado recursos de amparo por parte de funcionarios del Banco de México, del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), del Centro de Investigación Científica de Yucatán, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional.

Asimismo, presentaron solicitudes de protección empleados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofese), del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), personal del Hospital General Manuel Gea González del Issste, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, de secretarías como Desarrollo Social, Agricultura, Gobernación, Función Pública y de Educación Pública.

Los juzgadores deben esperar que los ministros de la Corte resuelvan las controversias y acciones de inconstitucionalidad presentadas por diversos organismos en contra del establecimiento de un máximo de 108 mil pe-sos de salario mensual, y en la lis-ta de asuntos por resolver el pleno de la SCJN no existe ninguno que se relacione con este tema.

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación señalaron que en la Corte los ministros instructores aún están recibiendo el desahogo de pruebas y escritos de cada uno de los organismos y autoridades involucradas en estos casos, como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Congreso de la Unión.