Aunque el Estado mexicano se comprometió a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo condenó por la desaparición forzada de tres integrantes de una familia a manos del Ejército, en 2009 en Chihuahua, el actual gobierno no ha dado señales de querer avanzar en esa ruta, advirtió el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).

Muestra de ello, indicó la organización civil en un comunicado, es que en la primera reunión entre familiares de las víctimas y el Estado mexicano –el viernes anterior– para cumplir la mencionada sentencia, no acudieron representantes de las secretarías de la Defensa Nacional ni de la de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Lo anterior, lamentó el Cedehm, pese a que se había solicitado expresamente su presencia, pues ambas están directamente involucradas en la desaparición forzada de los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, perpetrada el 29 de diciembre de 2009 por parte de militares, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua.

Durante el encuentro, los familiares de las víctimas reiteraron que su principal exigencia es conocer el paradero de sus seres queridos y que, como ordena la sentencia, se indaguen los hechos por desaparición forzada. Sin embargo, las autoridades continúan sin poner el énfasis de la pesquisa sobre la participación del Ejército.

Una serie de formalismos y procedimientos burocráticos, así como la falta de coordinación interinstitucional, han obstaculizado el seguimiento y cumplimiento oportuno de las obligaciones del Estado mexicano estipuladas en la sentencia. De continuarse, esta situación podría representar un riesgo para el adecuado cumplimiento de la misma, alertó el Cedehm.