Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, México se convirtió en el país más peligroso para el ejercicio periodístico del continente, con 47 comunicadores asesinados y cuatro desaparecidos, además de 2 mil 502 agresiones contra informadores.

Así lo revela el informe anual de Artículo 19, titulado Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva, que asienta que el miedo provocado por la violencia ha silenciado a cientos de reporteros en el país.

Con el cambio en la administración federal la situación no parece mejorar, pues en los poco más de 100 días de la gestión de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados al menos cuatro comunicadores, apuntó Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 México y Centroamérica, quien exigió al gobierno federal detener la violencia contra el gremio, terminar con la impunidad y garantizar pluralidad de la información y la opinión.

Los calificativos endilgados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (como fifís) a la prensa que ha sido crítica de su administración, dijo, ponen en riesgo a los periodistas y pueden propiciar silencios.

A esa crítica se sumó el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz: no es adecuada esta forma en que se expresa el Presidente (...) Estas maneras en que estamos desarticulando o tensando más las diferencias entre segmentos, o clases o tipos, no sé cómo llamarlos, de la población.

En la presentación del informe también participó Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa, asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, quien subrayó que hacer periodismo en muchas regiones del país es como jugar a la ruleta rusa; como estar bajo la mira de francotiradores listos para jalar el gatillo, y una vez cumplido su objetivo, desaparecen.

Demandó a la Fiscalía General de la República y a los órganos de procuración de justicia de los estados operar realmente y ofrecer resultados claros.

El informe asienta que la impunidad es imperante en los delitos contra los informadores. Lo que se expresa en que desde su creación, en 2010, y hasta diciembre de 2018, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión ha iniciado mil 140 investigaciones y sólo ha conseguido 10 sentencias, equivalentes a 0.87 por ciento de efectividad, es decir, hay 99.13 por ciento de impunidad.

Agrega que de 2012 a 2018, el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas ha recibido 747 solicitudes de incorporación, de las cuales 59 por ciento corresponden a comunicadores.

Otro factor de silenciamiento es la asignación de la publicidad oficial. En el sexenio de Peña Nieto, subraya el informe, se le dio uso arbitrario y opaco. En esos seis años se destinaron 60 mil 237 millones de pesos, de los cuales 48 por ciento (28 mil 913 millones) se dirigió a 10 empresas mediáticas (Televisa, Tv Azteca, El Universal, Imagen Televisión, Grupo Fórmula, Imagen Radio, Estudios Churubusco, Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Núcleo Radio Mil y la Organización Editorial Mexicana), y el 52 por ciento restante se pagó a los otros 865 medios que existen en el país.