La calificadora Standard & Poor’s (S&P) ve mayor riesgo para las finanza públicas mexicanas si el gobierno, con el fin de cumplir sus objetivos de inversión y a falta de mayor participación del sector privado, recurre a contratar mayor deuda. Ello, sumado a las menores perspectivas de crecimiento del producto interno bruto (PIB), como plantean las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los Precriterios de Política Económica 2020, debilitaría la capacidad de recuperación económica del país y, por ende, acarrearía una baja en la calificación crediticia, expuso la firma en un análisis.

El manejo prudente de la deuda y la limitada vulnerabilidad externa sostienen nuestra calificación de grado de inversión de México, afirma. Actualmente, sostiene, 80 por ciento de la deuda del gobierno federal está denominada en moneda local, con un vencimiento promedio de ocho años.

La preocupación mayor, subraya la calificadora, es el cierre a la participación de la iniciativa privada en el rubro energético, luego de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha revertido los contratos que se otorgaron en el pasado sexenio a transnacionales para explotarlo, pero sí se ha parado la licitación de más proyectos en el sector.

Añade que si bien el Presidente alista una mayor participación del Estado en el desarrollo económico del país, “el limitado tamaño del sector público mexicano, fuera de los sectores de la electricidad y la energía, así como de algunos bancos de desarrollo, dificulta la promoción de inversiones y crecimiento sin depender del sector privado, al menos en el corto plazo (…) La inexperiencia administrativa y la ausencia de directivos capacitados podrían retrasar los ambiciosos planes de usar asociaciones público-privadas en la mejora de su infraestructura.

El sector público tiene históricas debilidades operativas que limitan su capacidad para proveer servicios básicos y asumir nuevos proyectos que impulsen directamente la economía. Para botón de muestra, afirma S&P, el robo de combustibles, conocido como huachicoleo, que representa dificultades para el gobierno, luego de que se cambiara la dinámica de distribución para evitar el saqueo.

Sin embargo, S&P admite que los 30 años que antecedieron al presente gobierno federal, calificados como la era neoliberal por el presidente Andrés Manuel López Obrador y las reformas económicas que se efectuaron en ese periodo, no abonaron a un crecimiento económico más rápido e inclusivo.

Gran parte del origen de los problemas económicos actuales de México reflejan deficiencias en su desarrollo político e institucional en el último par de décadas, destacó.

Califica de fracaso los intentos por fortalecer el ejercicio de la ley, reducir la corrupción, mejorar los servicios públicos básicos y la seguridad. Todos con costos económicos y sociales, pues estimaciones indican que México pierde uno por ciento del crecimiento anual del PIB debido al impacto de la delincuencia y la violencia.

Por su parte, la también calificadora de riesgos Fitch Ratings aseguró que las principales economías de América Latina tendrán un crecimiento modesto y dispar este año.

En un comunicado, mencionó la inquietud de los inversores tras el inicio de la presidencia de López Obrador.

Para Argentina pronosticó recesión, y enfatizó que en Brasil genera incertidumbre que no se haya logrado aprobar la reforma al sistema de pensiones.