La inactividad de dos semanas en la Cámara de Diputados por el bloqueo magisterial ha estancado la discusión de dictámenes, puntos de acuerdo y el turno de iniciativas ya previstos en la agenda, por lo que los temas se acumulan.

Los asuntos pendientes de abordar en el pleno van desde una solicitud del PAN para exigir información sobre la refinería de Dos Bocas a la aprobación de efemérides como declarar cada 21 de septiembre Día de la Lucha Libre.

El rezago incluye a las comisiones, que tienen en la congeladora 940 iniciativas. Desde la sesión citada para el 20 de marzo, los diputados enlistaron otras 34 iniciativas y 27 dictámenes para declaratoria de publicidad, y estos se refieren a las efemérides.

Entre el primer periodo de sesiones ordinarias (septiembre a diciembre), el receso y los primeros dos meses del actual, la cámara ha recibido mil 45 iniciativas, según el Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria.

De ese volumen, las comisiones y el pleno sólo han aprobado 38, han desechado 3 y otras 64 fueron retiradas por los propios legisladores que las presentaron.

Ayer, la bancada del PAN recordó que interpuso un amparo para que el Poder Judicial ordene a la cámara llevar a cabo sus sesiones ordinarias. Se busca, dijo el coordinador panista, Juan Carlos Romero Hicks, que se definan las garantías mínimas para poder trabajar frente a la indolencia de las autoridades federales y locales que ha mantenido paralizado al Poder Legislativo durante dos semanas.

Sin el imperio de la justicia, del estado de derecho y el sentido común, México difícilmente podrá avanzar y sortear el complicado entorno internacional y nacional que día a día complica la convivencia.

La misma bancada ha planteado que la Secretaría de Medio Ambiente y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente informen si ya existen las autorizaciones, en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo de terrenos forestales, para el proyecto de la refinería de Dos Bocas, y se precise si se han ordenado visitas de inspección en materia de vida silvestre y de seguridad operativa.

Incluso, plantea que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación informen si se ha cumplido con la obligación de licitar la obra en un concurso abierto o si, de optarse por la invitación restringida, se evitan posibles conflictos de interés.