Este año al programa Sembrando vida de la Secretaría de Bienestar se destinarán 15 mil millones de pesos para su aplicación en 19 estados, casi cinco veces más de lo destinado a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para programas de manejo y conservación de bosques y selvas.

Esa cantidad equivale a 43 por ciento de los subsidios otorgados entre 2010 y 2017 para acciones de conservación de bosques y selvas, lo cual sumó 35 mil millones de pesos.

El programa está planeado en estados como Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Durango, Michoacán y Morelos, entre otros. De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el esquema busca generar economías locales con apoyo del gobierno de 5 mil pesos mensuales por productor para que trabajen en plantaciones de 2.5 hectáreas, cuyos cultivos dependerán del suelo y clima, y para lo cual se dará asistencia técnica, capacitación y asesoría. Se toman en cuentas las cuencas más deforestadas con alta biodiversidad, pobreza y migración, informó.

El manejo de bosques debe tener un programa fuerte como Sembrando vida para favorecer a las comunidades campesinas, ya que actualmente sólo hay un pequeño programa en la Comisión Nacional Forestal para subsidiar actividades en regiones forestales, sostuvo Sergio Madrid, director del Consejo Civil para la Silvicultura Sostenible.

Durante la pasada administración, la reforestación en el país disminuyó, ya que en 2012 abarcó 422 mil hectáreas y en 2017 63 mil.

Comparado con los estímulos de Sembrando vida, los apoyos que se dan al manejo forestal y actividades relacionadas es muy bajo; si pensamos que el manejo de bosques presta servicios ambientales para la biodiversidad, paisajes, la captación de agua y la función social, tendría que haber un programa equiparable.

Esta, dijo, no es una política forestal, es una estrategia gubernamental para enfrentar el tema de la pobreza y la desarticulación de las comunidades rurales, mientras lo que tiene que ver con el manejo de los bosques está poco atendido.

Sembrando vida no voltea a ver ni desarrolla la institucionalidad agraria, ya que se prevé la entrega a las personas, no a los ejidos. Los recursos son importantes para enfrentar, de manera colectiva, amenazas como incendios, el robo de madera, el cambio de uso de suelo, proyectos mineros, agroindustriales, entre otros.

Datos del Consejo Civil indican que a través de la Conafor sólo se destinó, de esos 35 mil millones de pesos, 5 por ciento a desarrollo forestal comunitario, el resto fue para lo que se conoce como conservación pasiva, es decir, a la refores-tación, restauración, conservación y pago por servicios ambientales.