oncluyó la investigación sobre el posible contubernio entre Donald Trump y su equipo de campaña con el gobierno ruso, para intervenir en el proceso electoral de Estados Unidos. Robert Mueller, fiscal especial nombrado para realizar la investigación, entregó el viernes un documento de más de 300 páginas al procurador de justicia conteniendo todos los elementos sobre su trabajo. Al frente de un equipo de abogados, agentes del FBI y de contrainteligencia, Mueller hizo una acuciosa y delicada investigación durante casi dos años, cuyos resultados, en primer término, lo llevaron a someter a juicio a cinco prominentes cercanos colaboradores de Trump, antes y después de su toma de posesión.

De acuerdo con las normas establecidas, queda a juicio del procurador general, William Barr, dar a conocer todo el documento o sólo una parte del mismo. Para el caso, en las siguientes 48 horas, Barr elaboró un resumen de tan sólo cuatro cuartillas de todo el informe. En su resumen Barr indicó que Mueller no encontró elementos para determinar si Trump, o alguien de su equipo de campaña, conspiró o se coordinó con Rusia para interferir en las elecciones del 2016. En su reporte, Mueller no concluye si el presidente cometió un delito, pero tampoco lo exonera de haberlo cometido.

El resumen del procurador no dejó satisfecho a nadie, con excepción de Trump, su familia y sus colaboradores. La duda de la imparcialidad con la que el procurador trató el asunto se realza tomando en consideración que Trump nombró a Barr como procurador general hace sólo unas semanas, después de que Barr dijo que Mueller se había excedido en sus investigaciones y que, de acuerdo con la ley, el presidente como tal, no podía ser juzgado por delito alguno. Dicha afirmación levantó razonables sospechas sobre la imparcialidad que Barr pudiera tener sobre la conducta pasada o futura de Trump. A fin de cuentas, los legisladores –particularmente los demócratas– exigen que se les entregue completo el informe de Mueller para estar en la posibilidad de exonerar o no al presidente.

El presidente Trump pudiera tener razón en su admonición en contra de quienes durante estos años insistieron en su culpabilidad. Pero pudiera estar equivocado al celebrar anticipadamente por dos cuestiones que parecen elementales. La primera es que cinco de sus colaboradores más cercanos han sido juzgados y están encarcelados por mentir para protegerlo, y con ellos una docena de rusos por delitos relativos a sus relaciones con Trump y sus colaboradores. La segunda es que, como consecuencia de las investigaciones del fiscal especial, han salido a la luz una cauda de delitos, actualmente investigados por diferentes procuradores distritales, que Trump habría cometido previo a su llegada a la presidencia y, lo que es más grave, ya ahí.

Va a pasar mucho tiempo antes de que se diluyan todas las dudas sobre la comisión o no de los delitos de que se acusa a Trump. Por ahora no hay acuerdo entre los especialistas sobre la eventualidad de que un presidente en funciones pueda ser juzgado y desaforado, de comprobársele algún crimen. En lo que parece haber acuerdo en el caso particular de mandatario, es que la vía más probable sería la política, pero esa se ve lejana en un congreso dividido por mitades. En todo caso, la apuesta más segura de quienes quieren ver al presidente fuera de la Casa Blanca son las elecciones de 2020. Se espera que para entonces los electores tengan los suficientes elementos para decidir sobre la suerte del cada vez más controvertido presidente Trump.

De última hora. En franca violación con la soberanía de México, y en referencia a la llegada de migrantes centroamericanos, Trump amenazó con cerrar la frontera con nuestro país si el gobierno mexicano no detiene la inmigración ilegal (LA Times, 29/3/19). De repente la Doctrina Estrada no es tan obsoleta como algunos han sugerido.