as elecciones pasadas expresaron la avidez de la sociedad por un cambio de rumbo en el país. Como ocurre con los procesos electorales, tiende a predominar el rechazo a lo anterior y las esperanzas de lo nuevo.
Ahora es el momento de hacer concretas las expectativas, y discutir qué y cómo es alcanzable con realismo el cambio en el país, a lo largo del sexenio recién iniciado. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el primer y más importante paso del proceso de planeación, pues de él se derivarán los programas sectoriales. Se han previsto tres: paz, democracia y Estado de derecho; desarrollo económico, y bienestar social. Estos sectores deben ser atravesados por tres ejes: inclusión, combate a la corrupción y desarrollo sostenible. La coordinación de la elaboración del PND corresponde a la Secretaría de Hacienda, que deberá tener lista la propuesta el 30 de abril de este año, para que el Presidente la envíe a los diputados. A diferencia de otras ocasiones, ahora le corresponde al jefe del Poder Ejecutivo la elaboración del PND, y su aprobación final a la Cámara de Diputados. Así lo estableció la reforma constitucional de 2014, que tuvo como antecedente la propuesta elaborada por diversas organizaciones campesinas, civiles y sindicales, presentada al Senado de la República en noviembre de 2013, por medio de cuatro de sus miembros, y asumida después por los partidos políticos.
La intención de sus promotores iniciales fue que se abriera al debate público la definición de las políticas sexenales, más allá de los acuerdos cupulares, como la experiencia del Pacto por México, de no muy feliz memoria. El actual gobierno ha manifestado que en esta ocasión sí se tomarán en cuenta las propuestas, para que el PND sea asumido por toda la sociedad. Que un plan deba tener consenso, ha quedado demostrado en los países con experiencias exitosas, mismas que ponen de manifiesto cuán importantes son la capacidad técnica y el consenso para que la planeación genere resultados positivos.
En la situación actual del país hay tres asuntos que vuelven imprescindible una buena planeación, en los dos sentidos señalados: a) más allá de la discursiva, podría establecer la ruptura concreta con el modelo neoliberal, que, puesto que confía más en los vaivenes del mercado, rechaza abiertamente la planeación; b) si no se hace sólo para cumplir con las formas, con la intervención real de la sociedad en la planeación, ésta significaría también el inicio de la implantación real de la democracia participativa, rompiendo así con el monopolio gubernamental sobre las decisiones públicas, propio de las democracias elitistas; y c) permitiría trazar la ruta del desarrollo que paulatina y decididamente se aparte del neoliberalismo. Para alcanzar estos tres propósitos, no se necesitan actos de magia. Existen ya propuestas hechas del conocimiento público por grupos de académicos y de organizaciones de la sociedad civil, formuladas en los diversos cambios de gobierno, pero que hasta ahora no han contado con la voluntad política para ser tomadas en cuenta.
Me atrevo a añadir algunos aspectos de procedimiento que podrían contribuir a la apropiación social del PND:
1. Que el gobierno dé a conocer la sistematización de las propuestas recogidas en los distintos foros y mecanismos de consulta que se han realizado. En el pasado ha sido común que muchas personas participen en las consultas, pero queda en el más grande misterio qué opinaron y si fueron consideradas sus propuestas. Si esto cambiara, sin duda que generaría un PND más próximo a la gente.
2. Incluir en los objetivos a alcanzar las propuestas de los diversos sectores sociales, pues el PND no puede incluir sólo los propósitos del partido gobernante. No hay duda que fue electo para dirigir al país, pero en democracia nadie lo puede hacer con exclusividad.
3. Lograr que la aprobación del PND por la Cámara de Diputados no sea sólo un trámite de aplicación automática por la mayoría del partido del presidente. La aprobación de las distintas fuerzas políticas es el paso indispensable para comprometerlas con los propósitos del plan. Lo que permitirá que tanto el gobierno como la sociedad les pueden exigir congruencia a la hora de ejercer sus facultades.
4. Construir consenso social. Mal harían los distintos partidos si suponen que el consenso es igual a un nuevo pacto de élites. Los diputados tendrán que convocar a toda la ciudadanía a discutir sobre la propuesta presidencial y a ser consecuentes con lo que escuchen. Será la oportunidad para que la sociedad opine, no ya sobre los problemas del país, sino sobre la estrategia que proponga el Ejecutivo para resolverlos. Esto plantea el reto de los instrumentos para captar la opinión pública, más allá de los foros. Será muy conveniente que desde ahora se inicie su discusión, pues queda sólo un mes para que se les envíe la propuesta del Ejecutivo, y dos más para aprobarla. La democracia participativa también requiere parlamento abierto.
