Ante la publicación este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la prórroga hasta el próximo 31 de diciembre del decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) reiteró su reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por esa decisión.

La Secretaría de Economía publicó ayer en una edición vespertina del DOF un decreto por el que se extiende hasta el último día de este año la prohibición expresa para la importación de vehículos usados que llegan al país principalmente de Estados Unidos.

Ello ocurrió dos días después de que López Obrador dijo en Tijuana, Baja California, que había girado instrucciones a varias instancias de su administración para elaborar un plan de regularización de los autos chocolates, no por afanes recaudatorios, sino porque, debido a que no hay un registro de ellos, son utilizados para cometer delitos.

El decreto para la prohibición, vigente desde julio de 2011, ha permitido controlar la introducción de automotores procedentes de Estados Unidos, la mayoría en malas condiciones, conocidos como autos chocolates, expuso la AMDA.

Con ello se ha logrado atenuar el impacto negativo que propició la apertura indiscriminada autorizada por Vicente Fox en 2005.

Sólo en 2006 la importación de vehículos usados fue superior a un millón 570 mil unidades, casi 40 por ciento más que los nuevos vendidos en aquel año.

En contraste, los vehículos importados usados en 2018, bajo el decreto que se prorroga, fueron poco más de 140 mil.

El gremio, que representa a los distribuidores de automotores, refrendó su exhorto al Presiente para no ceder a la presión de gobernadores, como el de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, que solicitan la regularización de automóviles ilegales bajo pretexto de resolver un problema de seguridad pública.

Guillermo Rosales, vocero de la agrupación, señaló que la ruta de solución es la que ha sido marcada por López Obrador: nadie al margen de la ley, nadie por encima de ésta.

Un decreto de regularización de vehículos chocolates sería un premio a la corrupción de las agrupaciones que promueven su circulación y lucran con las venta de protección, así como la de funcionarios públicos que no han cumplido con su responsabilidad.

(Con información de Susana González)