Tras 40 días de resistencia en plantón frente a Palacio Nacional, las familias desplazadas de manera forzada en Guerrero lograron un acuerdo con el gobierno federal.

Luego de reunirse la noche del miércoles con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y parte de su equipo de colaboradores, se acordó que las casi 100 familias que mantenían el plantón desde el pasado 17 de febrero se refugien en Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo.

El compromiso de la administración federal incluye que se les garantizarán condiciones de seguridad con tres puestos de revisón vigilados por elementos federales (militares o policiacos) y apoyos para acceder a salud, vivienda, educación (para los menores de edad), alimentación y programas sociales, entre otros.

Desde temprana hora de ayer, los miembros de estas comunidades indígenas, entre ellos mujeres y niños, comenzaron a levantar las carpas de campaña, enseres domésticos, colchonetas, lonas y demás objetos con que se resguardaban al permanecer a la intemperie.

En noviembre del año pasado, decenas de familias de una comunidad del municipio de Zitlala y de ocho de Leonardo Bravo se vieron obligadas a dejar sus comunidades por la presencia y amenazas de un grupo del crimen organizado que, según han denunciado, se hace pasar por policía comunitaria.

En conferencia, Manuel Olivares, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, informó que el compromiso más importante, pues fue la principal razón por la que las familias decidieron regresar a Guerrero, aunque por el momento no a sus comunidades de origen, sino a Chichihualco, es que se instalarán tres puntos de revisión en la comunidad El Naranjo, en la desviación a El Carrizal y en el punto conocido como La Quebrada, cerca de Chilpancingo, que son las rutas por las que el grupo armado podría ingresar.

Otro acuerdo es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas les proporcionará apoyo emergente, además de que se levantará un censo para conocer sus necesidades y la cantidad de afectados.

Se trata de un acuerdo temporal que durará tres meses, como posibilidad de prorrogarlo. Pero la idea final, dijo el activista, es lograr que en el largo plazo regresen a sus lugares de origen.

Neftalí Granados, colaborador de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la SG, quien acompañó el proceso de diálogo y negociación con los desplazados, indicó que en anteriores sexenios el tema del desplazamiento forzado en el país no se reconoció.