En la iniciativa de reforma al artículo tercero aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados no está suficientemente definido el vínculo del cambio constitucional con la Cuarta Transformación, afirmaron especialistas.

Advirtieron que si bien el dictamen aprobado en las comisiones unidas de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que reforma los artículos tercero, 31 y 73 elimina los procesos punitivos de la permanencia en el empleo de los maestros, mantiene aspectos que son un claro retroceso y siguen los lineamientos internacionales marcados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

En un foro celebrado en Ciudad Universitaria, Imanol Ordorika, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló: No encuentro ese gran elemento de enlace en el artículo tercero de lo que correspondería a la Cuarta Transformación del país: la educación para el bienestar. Eso tendría que traducirse en un conjunto de ejes y principios que no están suficientemente desarrollados, porque el artículo se destina más a hablar de relaciones laborales que de contenidos y proyectos.

Hugo Aboites, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, consideró que se vive un momento insólito en la historia de las relaciones entre gobierno y movimientos magisteriales. Desde hace 50 años no veíamos que una movilización magisterial repercutiera en un cambio en la Constitución.

Hugo Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), destacó que la UNAM es una institución abierta y comprometida con la educación, que busca motivar la expresión de diversas voces de especialistas y actores políticos.

Catalina Inclán, del IISUE, expuso que se requiere reconocer que los docentes hacen muchas cosas bien; sus acciones positivas han hecho caminar al sistema y permiten transitar a niños y jóvenes en situaciones adversas por diferentes niveles.

El investigador emérito Ángel Díaz Barriga refirió que el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, que sustituiría al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, asumiría tareas que ya tenía éste, según el proyecto de decreto. De quedar así, el nuevo organismo se convertiría en una autoridad paralela a la Secretaría de Educación Pública.

Aparte, Antonia Candela Martin, del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, señaló: Esperábamos más del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque si bien el dictamen corrige algunos problemas, sobre todo en el aspecto laboral al quitarle lo punitivo a la permanencia en las plazas docentes, deja muchos otros aspectos que tampoco incluye en el artículo 123 constitucional, donde se regulan las condiciones laborales de los trabajadores del Estado.

Aseguró que el dictamen apro-bado agrava la pérdida de facultades de la Secretaría de Educación Pública y consideró indignante que se dé cabida con rango constitu-cional a la participación de organizaciones civiles y empresariales en la educación.