in mayor creatividad ni esfuerzo que endeudar hasta la coronilla a sus respectivas poblaciones, con el enorme costo social que ello implica, los mandatarios de las entidades federativas han seguido la misma ruta que los seis gobiernos neoliberales, hasta acumular un saldo histórico que compromete el futuro económico y social de prácticamente todas los estados de la República.

En el interminable circuito de endeudarse para pagar intereses de la deuda –y de pasadita darle su buen pellizco para fines personales– en lo que va del nuevo siglo los gobernadores incrementaron 660 por ciento el saldo del débito llamado subnacional, comprometiendo así no sólo el futuro de sus respectivos gobernados, porque los dineros nunca se canalizaron a impulsar las economías locales ni a mejorar el nivel de bienestar de la población, sino las aportaciones (ramo 33) y participaciones (ramo 28) transferidas desde el centro (léase Presupuesto de Egresos de la Federación).

Al cierre de 2018, el saldo de dicho débito fue de 601 mil millones de pesos, frente a los 91 mil millones al inicio del siglo XXI; y a estas alturas, en promedio, 74 por ciento de las participaciones federales a los estados está comprometido para el servicio de la deuda subnacional, según información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. La mayoría de las economías estatales no reporta mayor crecimiento que el federal, mientras su débito avanza a paso veloz, consolidando la práctica de, por un lado, estados y municipios cada vez más pobres y endeudados, y, por la otra, gobernadores cada día más ricos e impunes.

Se registran casos en los que la relación deuda/ producto interno bruto estatal alcanza niveles verdaderamente peligrosos, como en Chihuahua, donde es de 7.5 por ciento (la media nacional es de 2.7; Quintana Roo, 6.6; Chiapas, 5.5, y Coahuila y Nuevo León, 4.7 por ciento en cada caso.

Por lo que toca a la relación deuda/ participaciones federales, el gobierno de Chihuahua se lleva la palma, pues el servicio de su débito resulta 207 por ciento superior a dichas participaciones. Sin embargo, en otras entidades no cantan mal: Nuevo León, 197 por ciento; Quintana Roo, 193; Coahuila, 191 y Sonora, 127 por ciento. Otro indicador que muestra la gravedad del asunto es el relativo a la relación deuda/ ingresos totales. Por ejemplo, en el caso de Nuevo León, 90 centavos de cada peso de sus ingresos totales se destinan al servicio de su débito, lo que cancela la posibilidad de que los recursos de la entidad se canalicen a impulsar la economía y mejorar el nivel de bienestar de sus habitantes.

No es el único, desde luego, porque también destacan Coahuila, que debe canalizar 81 centavos de cada peso al servicio de su deuda; Chihuahua 80 centavos; Quintana Roo 70 centavos y Sonora 60 centavos, de tal suerte que el crecimiento económico y el desarrollo social se mantienen como quimera. De hecho, sólo en el sexenio peñanietista la deuda subnacional se incrementó 40 por ciento (alrededor de 166 mil millones de pesos) y la única herencia que recibieron los ciudadanos de los gobiernos que concluyeron su mandato (muchos de ellos pertenecientes al nuevo PRI) fue deuda y más deuda, que deberán pagar varias generaciones.

En 2016, la Secretaría de Hacienda anunció la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a fin de fijar criterios generales para el manejo sostenible de sus finanzas públicas, aunque, por lo visto, no rindió los frutos esperados. Lo cierto es que, al ritmo que llevan los gobernadores, no habrá presupuesto que alcance.

Las rebanadas del pastel

Dice AMLO: poncharé a la mafia del poder. Bien, pero después de tantos besos, apapachos y bautizos con banqueros y cúpulas empresariales, más los azucarados acercamientos con la clase política y demás fauna, la pregunta es: al final de cuentas, ¿quiénes componen la mafia del poder?

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