Zacatecas, Zac., El 25 de marzo se realizará en la Corte Federal de Ottawa la primera audiencia por una denuncia administrativa contra delegados de la embajada de Canadá en México, por su presunta responsabilidad en las gestiones peligrosas de un conflicto minero, relacionado con la criminalización y el asesinato del ecologista Mariano Abarca Roblero, en Chicomuselo, Chiapas, en 2009.

La acción fue promovida por la familia de Mariano Abarca, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Centro de Derechos humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas, la organización Mining Watch Canadá y Otros Mundos de Chiapas, en febrero de 2018.

En un comunicado, el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), pidió al pueblo de México firmar una carta –disponible en su portal de Internet–, en solidaridad con esta causa.

Recordó que Abarca fue asesinado tras una resistencia activa y pacífica que protagonizaban los pobladores contra con la minera canadiense Blackfire Exploration, que extraía barita. Todos los sospechosos en el caso tenían vínculos con la minera, pero nadie fue condenado por el asesinato. Aún sigue abierta la investigación.

Es la primera vez que delegados de la embajada canadiense en México son demandados. La carta electrónica de solidaridad con esta causa legal también está dirigida a diversos funcionarios y representantes del gobierno y parlamento de Canadá, entre ellos, los ministros James Gordon Carr, Crystia Freeland al subcomité de derechos humanos del Parlamento de Canadá.

A ellos se les informó que hasta el día de su asesinato –27 de noviembre de 2009–, Mariano Abarca sufrió amenazas, intimidaciones, golpes, detención bajo acusaciones falsas de la minera, entre otros abusos. Después, Abarca fue encarcelado ocho días bajo arraigo con acusaciones falsas de la empresa minera, y fue liberado por la presión nacional e internacional. Mariano decidió interponer una demanda contra la minera y unas semanas después fue asesinado.