Previo a que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, envíe al Congreso de Ciudad de México la iniciativa de ley de planeación, ayer se aprobó en comisiones que la próxima semana empiecen consultas a la ciudadanía para recibir propuestas sobre el contenido de la norma, la cual deberá establecer criterios y el calendario para la elaboración de los instrumentos que establece la Constitución local destinados a garantizar a los ciudadanos su derecho.

Entre los temas que tratará esa legislación están el plan general de desarrollo, el de ordenamiento territorial y los de las alcaldías; el programa de gobierno, los sectoriales, especiales, institucionales y de gobierno de las demarcaciones, así como los parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.

La diputada de Morena, Isabela Rosales, integrante de la Comisión de Planeación del Desarrollo informó que en el órgano de dictaminación se elabora también una iniciativa de ley de planeación que normará además al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.

La Constitución local fijó como plazo el 30 de abril para que se expida y entre en vigor la ley, así como el primero de julio para instalar el instituto, pero está en comisiones una iniciativa de reforma a la Constitución para una prórroga en ambos al 5 de septiembre y 5 de diciembre, respectivamente, y para la elaboración y entrada en vigor de los distintos instrumentos.

Por otra parte, la constituyente capitalina, Clara Jusidman, consideró necesario que el Congreso local cuente con un centro de desarrollo constitucional que se encargue de observar que las más de 150 leyes que el Legislativo deberá expedir y revisar tengan coherencia con la Constitución.

En entrevista, luego de exponer a diputadas locales el marco constitucional del sistema de bienestar social, Jusidman –quien participó también en el grupo redactor del proyecto de Constitución local– dijo que los legisladores tienen que estar conscientes “que construyen el andamiaje legislativo para que la ciudad funcione en los términos que están plasmados en la Constitución y regirse en su elaboración bajo los principios y mecanismos del parlamento abierto“, sin dejar de consultar a expertos, a las organizaciones, así como a los mismos constituyentes y redactores sobre el sentido y el espíritu de los preceptos constitucionales.