En México persisten serios desafíos en materia de violencia e impunidad. En 2018 se mantuvo una especial preocupación por el elevado número de desapariciones y homicidios sin una debida investigación, subrayó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el capítulo referente a nuestro país del Informe anual 2018 de esa instancia internacional, también se manifestó una alerta por la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica (las mujeres, la niñez, los migrantes, los pueblos indígenas, personas privadas de su libertad, defensores de derechos humanos y periodistas), quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos.

La CIDH reconoció que se han dado avances significativos en el ámbito legislativo al aprobar leyes en materia de garantías fundamentales que cumplen con los estándares internacionales, pero acotó que los desafíos siguen siendo profundos.

El informe hace un análisis del cumplimiento que el Estado mexicano ha dado a las recomendaciones emitidas en 2015 tras la visita al país del organismo.

Uno de los retos del Estado mexicano –se asentó en las conclusiones del balance– es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su reconocimiento a los derechos humanos con la realidad que experimenta un gran número de habitantes cuando buscan una justicia pronta y efectiva.

El acceso a la justicia continúa representando uno de los retos más importantes para el Estado mexicano. Una justicia eficiente y eficaz es clave en la lucha contra la impunidad y eje central en la respuesta a cualquier violación de los derechos humanos.

El organismo manifestó su preocupación porque las fuerzas armadas no registran cifras sobre personas fallecidas y heridas en sus operaciones (incluidas las que se ejecutan de manera arbitraria).

Indicó que la información oportuna y fidedigna al respecto es indispensable para medir el uso de la fuerza y realizar diagnósticos que permitan la identificación e implementación de acciones correctivas.

En materia de desapariciones, la CIDH se dijo preocupada por las altas cifras de personas ausentes, la falta de acciones eficaces para su ubicación y la situación de impunidad de caracteriza a estos casos.

Además, que el Estado ha incumplido su deber de adoptar las medidas necesarias para establecer un registro nacional sobre la localización de restos no identificados.